La denuncia fue por adulteración de documentos para cobro de subsidio e incluyó a otros 17 empresarios. Según los datos los empresarios modificaron los años de fabricación de sus unidades para acceder al subsidio de G. 400 por pasaje que había comenzado a pagar en 2008 el gobierno de Fernando Lugo. Aveiro era representante de los empresarios ante la Setama y Encina oficiaba de asesor jurídico en la misma institución, antes de ser nombrado director.
Tras la desaparición de Setama en 2014, por disposición del Congreso, quedó el Viceministerio de Transporte como ente regulador.
Otros denunciados en este caso fueron: Eladio Vera Arias (Transporte y Turismo Lambaré), Juan Martínez Sanabria y Marlene Martínez (Ciudad de Luque), Agapito Sosa Troche (San Agustín), Juan Agripino Gómez Rivas (Ciudad de Limpio), Rolendia Peña de Vasconcellos, Carolina Peña de Peralta y Luis Esteban Peña (La San Lorenzana).
No se sabe si los empresarios transportistas fueron condenados en esta causa.
Lo que sí se conoce fehacientemente es que hasta ahora siguen cobrando la subvención estatal por cada pasajero transportado.