Los locales de las instituciones educativas de los departamentos de Caaguazú y Caazapá son el reflejo de la mala administración de los recursos del Fonacide, que por mandato de la ley deben ser destinados exclusivamente a mejoras de las condiciones en que los niños y jóvenes reciben enseñanza académica. El 24 de febrero próximo, miles de estudiantes del sector público iniciarán las clases en aulas deterioradas, bajo árboles, con letrinas, sillas sin pupitre y otras deficiencias a consecuencia del mal uso del dinero en ambas zonas del Norte de nuestro país. En Tava’i (Caazapá), la exintendenta Alba Correa (ANR), acusada por presunta lesión de confianza en el manejo del Fonacide, dilata la realización de la audiencia preliminar en la que se debe definir si su caso es elevado a juicio oral o no. La mujer dejó la Comuna sin documentos y sin obras, según denunciaron las nuevas autoridades. Correa, así como otros que hicieron uso discrecional del dinero tienen asegurada la impunidad mediante el blindaje político, ya que los líderes manipulan la justicia, ejercen presión y amenazas sobre los fiscales que “osan” investigarlos.