Es evidente que hay roscas de poder en algunos organismos muy difíciles de romper y logran colar a sus integrantes, a como de lugar, para seguir teniendo influencia.
Obviamente, no cabe pedirles a quienes integran estos “cárteles” algo de honorabilidad, decencia o un mínimo respeto a las instituciones. El problema es que estos sujetos sienten que ellos mismos son las instituciones y por tanto inamovibles, más allá de la edad que les marcó la Constitución para el retiro y hasta contra la biología que les manda ir a descansar y dejar paso a nuevas generaciones.
La caradurez y la desubicación son males que aquejan a otras instituciones, en particular a los congresistas. Así tenemos al inefable personaje que funge de diputado, Carlos Portillo (PLRA), que pretende dar lecciones de moral a quienes exigen su pérdida de investidura.
O ese otro diputado Tomás Rivas (ANR) que utilizó el dinero del presupuesto de la cámara para pagar a sus empleados particulares y hace más de un año evita llegar al juicio oral y público, como si eso pudiera hacer dudar a la ciudadanía sobre su vergonzosa conducta.
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O el senador Javier Zacarías Irún, que hace meses viene esquivando a la prensa, ante la imposibilidad de poder explicar su fortuna y el motivo de que su declaración jurada de bienes se vaya modificando al ritmo que le van descubriendo nuevas propiedades en el exterior.
La cantidad de legisladores que no pueden explicar sus bienes ni la tropa de parientes y operadores que tienen en la función pública es mucho mayor de lo que se conoce. Muchos no aparecen solo porque, hasta ahora, tuvieron la “suerte” de no ser descubiertos.
Los legisladores y otros altos funcionarios no tienen vergüenza, pese a saber que lo que hacen es ilegal, inmoral y repudiable.
Ocurre que el sentido de la Justicia de esta gente no pasa de la consideración de que todos los delincuentes son inocentes hasta tanto su caso caiga en manos de un juez que no sea “amigo”.
Otro caso es el de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que, en un comunicado público (que no contiene el menor ápice de autocrítica) se lamentaron ayer de las agresiones verbales que sufrieron dos de sus integrantes cuando estuvieron de visita en el Senado. Lo notable, irrisorio y execrable es que, horas antes, la mayoría de los integrantes de este Poder del Estado anunciaron que institucionalmente presentarán un recurso de inconstitucionalidad para que las sesiones de la Sala Constitucional vuelvan a ser secretas.
Por su parte, el presidente de la República se acordó de su antecesor contrabandista e, irónicamente, a su lado aparecía en la foto el diputado Cuevas, uno que pasó de zapatero a millonario por obra mágica de la política.
Este estado de cosas es lo que provoca que algunas personas, como los denominados “ciudadanos autoconvocados”, elijan como estrategia el repudio o “escrache” de los denunciados por corrupción. Con su acción no esperan obviamente conmover la conciencia de estos corruptos para que se arrepientan, confiesen sus latrocinios y renuncien, sino solamente hacerle sentir a todos que todavía hay gente indignada que no tiene temor de señalarlos con el dedo.
De seguir las autoridades en este tren, la consecuencia será la destrucción acelerada de la institucionalidad y una vuelta, tal vez, a las soluciones mágicas de dictadorzuelos que se creerán los salvadores de la Patria.