La misma tiene relación con sendos proyectos de ley; uno impulsado por el propio Poder Ejecutivo por iniciativa de los ministros del Interior, Juan Ernesto Villamayor, y su colega de Defensa Nacional, general retirado Bernardino Soto Estigarribia, y el otro, por el senador del PLRA Abel González, a los efectos de utilizar a las Fuerzas Armadas como guardiacárceles y de las instituciones públicas, en clara violación a su misión constitucional de “custodiar la integridad territorial y la de defender a las autoridades legalmente constituidas”.
Aunque en los países democráticos es lugar común que las asociaciones de militares retirados se manifiesten públicamente en salvaguarda del honor y las glorias de la institución que representa la identidad y tradiciones de la nación, así como de sus intereses gremiales, aquí, en el Paraguay eso estaba prohibido por la dictadura, así como toda manifestación de disenso público contra el régimen. Por tal razón, es destacable la actitud asumida por los citados círculos, por primera vez en 30 años de democracia. Digo esto, porque en sus directivas había primado siempre el tabú de que no correspondía que los mismos incursionaran en “política”; más por temor a represalias en tiempos de la dictadura, y por afán de congraciarse con las autoridades nacionales en los tiempos democráticos.
De cara a la digna actitud asumida en la ocasión por las comisiones directivas de ambas entidades, cabe aplaudir que finalmente el gremio de los militares retirados asuma la plenitud de sus derechos y obligaciones consistentes en defender la dignidad y el glorioso legado de la institución a la que sirvieron buena parte de sus vidas, así como de fungir como la voz de sus camaradas en servicio activo que por ley “no tienen voz”.
En efecto, es norma universal en cualesquiera fuerzas armadas que sus miembros sean obedientes y no deliberantes; reciben órdenes y las deben cumplir, siempre y cuando estas sean legales y reglamentarias. Esta situación coloca a los militares en servicio activo en el dilema de obedecer, o perder sus carreras. En particular, a los oficiales comandantes, quienes en ciertas ocasiones, por razones generalmente políticas, se encuentran en la disyuntiva de obedecer una orden ilegal de sus superiores –cargando con la responsabilidad institucional consecuente– o negarse a ello y perder su carrera.
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Típicamente, esto sucedió bajo el gobierno del presidente Fernando Lugo, cuando con la anuencia de este y la presta “a su orden” del entonces ministro de Defensa Nacional, Luis Bareiro Spaini, una patota de activistas de agrupaciones políticas de izquierda liderada por Camilo Soares irrumpió en el Comando de Ingeniería y organizó un mitin político revolucionario en cuyo escenario el citado expresó cantando, “que los ricos coman mierda”.
A raíz de este bochornoso suceso –sin precedentes, en los anales militares en tiempos democráticos–, como oficial general en situación de retiro y como exjefe del Estado Mayor del Ejército, siendo la Ingeniería mi Arma de origen, critiqué que el comandante subrogante de las Fuerzas Militares en ese momento y los comandantes del Ejército y del Comando de Ingeniería, no hayan tenido el coraje moral de impedir semejante ultraje a la dignidad de una unidad de las FF.AA., negándose a cumplir una orden flagrantemente ilegal; aún a costa de perder sus carreras, obviamente. No tuvieron ética de responsabilidad. Prefirieron mantenerse en sus cargos a costa de la humillación de las FF.AA. antes que pedir dignamente sus pases a retiro. En la ocasión, cité como ejemplo la digna actitud asumida en un caso reciente por el general del ejército norteamericano McChristal, quien, siendo comandante de las fuerzas aliadas en Afganistán, recibió una directiva del presidente Obama que se negó a cumplir por considerarla inviable y pidió su retiro.
Sujeto a corrección, creo que el Presidente de la República y Comandante en Jefe de las FF.AA., así como el ministro de Defensa Nacional, están equivocados al impulsar o apoyar proyectos de leyes para convertir a las gloriosas Fuerzas Armadas de la Nación en guardiacárceles, por más de que tengan que actuar “como un factor disuasivo a larga distancia”, como lo sostuvo el ministro de Defensa, Soto Estigarribia.