Coincido con los muchos que han comentado que no fue expulsado del Parlamento por sus inconductas, sino por carecer del apoyo de sistema partidario. Si todas las “inconductas” fueran castigadas con la pérdida de investidura, las dos cámaras del Congreso no tendrían quorum ni con todos los suplentes.
Pero el tema de estas líneas no es el exlegislador, sino una enfermedad muy grave que está infectando como una epidemia nuestro país, la furia, de la que él mismo es apenas uno más de los síntomas: nos hemos convertido en una sociedad en la que todos vivimos enojados.
Cuando uno habla del deterioro de las instituciones, parece que está hablando de algo abstracto y lejano, pero no es así; porque el sistema institucional es el reflejo y el guardián del pacto de convivencia, sin el cual ninguna sociedad puede salir adelante. Sin pacto social cualquier grupo humano se transforma en una bolsa de gatos, que no puede funcionar bien ni como Nación ni como Estado.
Ese pacto social está gravemente dañado en nuestro país por obra y gracia de una política ineficiente, cleptómana, divorciada de los ciudadanos y tan ciega a la realidad de los problemas sociales y económicos del país que ni siquiera percibe las señales de un inminente estallido. La rotura del pacto social implica necesariamente un colapso de las normas mínimas de convivencia, que en unos casos se diluyen porque nadie las cumple y en otros se aplican con exceso de rigor.
Se crea así una insostenible situación de malestar social. Todo el mundo anda enojado y ese enojo se refleja en todos los aspectos de la actividad cotidiana: hay más ladrones que son cada vez más violentos, más asesinos, más crímenes intrafamiliares, más salvajes agresiones por naderías. Pero la furia social no se limita a la delincuencia: las relaciones laborales se enrarecen, las amistades se quiebran por banalidades, el tráfico se vuelve intolerablemente agresivo, nadie tiene paciencia, nadie cede el paso, nadie respeta los límites de velocidad.
En otro orden de cosas, cada sector de la actividad normal del país ha acabado por creer que sus derechos son los únicos que existen y que atropellar a todos los demás o recurrir a la violencia para imponerlos y defenderlos es algo normal que justifican con la famosa frase “es el último recurso”, cuando la mayoría de las veces no es el “último” sino el “único” que han utilizado.
La siquiatría tiene un nombre para tal tipo de comportamiento cuando se trata de una enfermedad individual, la llaman psicosis. A paso cada vez más acelerado nos estamos convirtiendo en una sociedad psicótica, en la que nadie negocia ni pacta nada, porque todos exigen tener el cien por ciento de la razón y obtener el cien por ciento de aquello a lo que creen tener derecho… y creen tener derecho absolutamente a todo.
Así no solo están furiosos los que tienen buenos motivos para estarlo: los corruptos, los delincuentes, los estafadores, los abusivos, los que más privilegios tienen también están furibundos, porque no solo esperan que sus actitudes inadmisibles sean toleradas, sino que exigen aplausos, hurras y vítores: “Mi honestidad no tiene precio”, “esto no es más que una persecución política”, “el pueblo me eligió; cómo se atreven a querer echarme”. ¿Les suenan estas frases? Todas ellas han sido pronunciadas con furia por políticos prominentes, al ser acusados de graves hechos de corrupción y abuso de autoridad.
Sin embargo, tenemos que reconocer que de los siete millones de paraguayos furibundos, al menos seis millones y medio tienen muy buenos motivos para estarlo, porque al quebrarse el sistema institucional han quedado desprotegidos y abandonados, hasta el punto de que solo cuentan con sus propias fuerzas para sobrevivir en una sociedad cada vez más hostil y más gobernada por la ley del más fuerte.
¿Les parece excesivo? Permítanme poner un ejemplo entre muchos, el más reciente y en mi opinión el más grave: Según la propia fiscalía, un ejército de fiscales y jueces trabajaban para un prestamista ilegal, para lograr que el usurero, además de cobrar el monto de las deudas y los intereses, se pudieran quedar con la garantía y si el deudor les caía mal o se quejaba, mandarlo de paso a la cárcel.
El sistema de persecución del delito trabajando para un delincuente. Uno entre mil casos de quebranto del pacto social, uno entre mil motivos, más que valederos, para que seis millones y medio de paraguayos estemos furibundos.