Resulta que desde del año 2010, el departamento de Caazapá se vio envuelto en una situación de peleas entre políticos que incluyeron homicidios, sicariatos, atentados, extorsiones, robo de evidencias y hasta quema de una radio.
El año pasado un raro atraco a la Junta Departamental de Caazapá encendió la alarma.
Benjamín Adaro se declaró víctima de ese atentado, pero lo extraño fue que su brazo derecho, Hugo Villar, fue el imputado por este hecho. Pero aún más paradójico ha sido el hecho de que la justicia concedió al procesado el arresto domiciliario en la casa del referido concejal oficialista.
Un mes después mataron a un hombre de nombre Carlos Jorge Delvalle Lugo, alias “Carlos Gordo”.
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Iba a ser un caso más si es que “Carlos Gordo” no denunciaba ante las autoridades de que Adaro lo amenazó de muerte.
La gota que colmó el vaso para los investigadores fue el asesinato del suboficial Edgar Brítez, ocurrido la semana pasada en San Pedro del Paraná. Al día siguiente detuvieron a Adaro, aunque por el caso de “Carlos Gordo”.
Las autoridades manejaban la información de que en algún momento este policía trabajó para Adaro y “sabía mucho”.
El viernes pasado, en Pedro Juan Caballero, un juez de feria, Marcos Fernández, ordenó la libertad de seis detenidos bajo la sospecha de integrar un grupo criminal.
El Ministerio de Justicia y la Policía Nacional se opusieron a ejecutar la libertad y el mismo magistrado se constituyó en la cárcel para hacer cumplir su orden.
La Corte Suprema de Justicia salvó la situación al difundir ayer una acordada que sacaba la competencia a cualquier juez de Amambay y devolvía el expediente a Asunción al juzgado original de la causa.
Casos como estos son los que trascienden, pero hay muchos que probablemente se desconozcan.
Lo grave es que este tipo de situaciones favorece a un flagelo que está azotando a nuestro país, que es el crimen organizado.
La justicia no solo es genuflexa al poder político, sino que es la gran responsable de que la delincuencia campee.
Al someterse al poder político, ligado al crimen organizado, favorece una situación de violencia que es hasta aterradora.
Como no es en Asunción, y los medios de comunicación no le dan la trascendencia necesaria, el Gobierno no se ve presionado a tomar las acciones necesarias para desterrar el flagelo.
Y la Corte Suprema de Justicia solo se da por notificada al conocer los hechos.
Este es un detalle muy importante, porque es la Corte la que nombra a los magistrados.
Es decir, es corresponsable de las acciones de los mismos. Por ende, no puede desentenderse de lo que está ocurriendo en el país.
Y acá también entran el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Si hay magistrados venales es porque gozan de algún tipo de respaldo para llegar al cargo.
Es menester que estas instituciones entiendan que no son simples nombramientos lo que realizan, sino que están brindando al país auxiliares de la Justicia que cobran papel protagónico y a quienes hay que hacer un seguimiento de su trabajo.
No se debe esperar a que muera más gente para que se tomen las medidas correctivas. El crimen organizado en Paraguay es una realidad y parte de la responsabilidad tiene la justicia, que hizo la vista gorda, por décadas.