Vivos, muertos y tontos

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Pasaron 33 días desde que comenzamos una cuarentena que se fue ampliando gradualmente y 25 días desde que el Gobierno anunció que entregaría kits de alimentos a 330.000 familias muy necesitadas.

Los kits fueron reemplazados luego por una transferencia de 230.000 guaraníes; pero ante las críticas por el monto que se entregaría, el Gobierno decidió elevar el monto a 500.000 guaraníes.

Bajo el nombre de programa Ñangareko los interesados en recibir la ayuda fueron invitados a inscribirse. Y así lo hicieron masivamente, esperando que la ayuda llegue rápidamente.

Pero el programa evidenció una vez más lo que viene siendo criticado desde hace mucho tiempo: que el país no disponga de una base de datos unificada a nivel nacional, en la que con la introducción de un número de cédula de identidad se pueda acceder a toda la información pública de esa persona.

Un sistema que, hay que decirlo, históricamente se mantuvo así, porque también la oscuridad, el desorden y la falta de transparencia y control cruzado fueron fuente de corrupción histórica en varias instituciones en las que los vivos cobraban por los muertos mientras el resto pagaba la fiesta.

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Sin ir más lejos, ahora mediante ese control cruzado constataron que 68 difuntos, 4.272 presos y 296 prófugos se inscribieron, o fueron “inscriptos” en el caso de los fallecidos, para acceder a esta ayuda social de 500.000 guaraníes para comprar alimentos.

Esa falta de institucionalidad previa hace que las transferencias hayan comenzado muy lentamente. Al momento de escribir este comentario ni siquiera la mitad de las 330.000 familias fijadas como meta han recibido aún la ayuda prometida.

Los responsables alegan que buscan transparencia y que esta no es muchas veces compatible con la rapidez.

Es cierto, pero también es cierto que la necesidad no espera y que para muchos esos 500.000 guaraníes son una diferencia entre alimentarse y no hacerlo.

Hablábamos de eso esta semana en la radio cuando accedimos al formulario de rendición de cuentas de viáticos que presentó el miércoles 1 de abril la senadora María Eugenia Bajac, por los 12.608.213 guaraníes que recibió en concepto de viáticos para su viaje a Guatemala del 15 al 21 de marzo.

En ese formulario presentado bajo sistema de declaración jurada, la senadora informó que gastó en alojamiento G. 7.850.000, en alimentación G. 2.150.000, en pasajes urbanos/interurbanos G. 428.213 y en otros conceptos (justificados) 680.000 guaraníes.

De ese modo la senadora declaró que gastó 11.108.213 guaraníes del dinero recibido, por lo que devolvió al presentar su rendición los 1.500.000 guaraníes que declaró no haber gastado.

La información fue plenamente certificada el jueves pasado en la 730 AM por Raúl Barrios, responsable en el Senado de haber recibido los G. 1.500.000 devueltos por la senadora junto a la planilla de rendición de viáticos que tiene carácter de declaración jurada.

El funcionario también nos recordó que el carácter de declaración jurada se estableció en una ley del año 2007 por el que el Presidente, Vicepresidente, senadores, diputados y ministros de la Corte Suprema de Justicia están liberados de la obligación de presentar los documentos respaldatorios de los gastos realizados con los viáticos recibidos y para ellos solo basta declarar los montos utilizados.

Siendo así las cosas, la senadora Bajac consignó en una rendición que tiene la condición de una declaración jurada que gastó más de 11 millones de guaraníes en su viaje a Guatemala.

El pequeño gran detalle es que la senadora no viajó a Guatemala.

Al día siguiente, jueves 2 de abril, cuando el ministro de Salud informó al presidente del Senado, Blas Llano, sobre las situación de salud de la senadora, este se lo reclamó a su correligionaria.

Ese jueves 2 por la tarde, a las 15:30 más precisamente, el director de tesorería del Senado, Fernando González, recibió un cheque por los G. 11.108.213 declarados como gastados en Guatemala por la senadora María Eugenia Bajac.

Es decir que si el escándalo del coronavirus no hubiese saltado, esos 11 millones hoy estarían en otro lado.

Un monto insignificante dirán algunos, en tono de blanqueo político, en comparación a los multimillonarios fraudes contra el Estado.

O un monto que permitiría comprar alimentos a 22 familias del programa Ñangareko, argumentaríamos otros.

guille@abc.com.py