Un significado resumido de “terrorismo de Estado”, en cualquier diccionario político, es “la utilización de métodos ilegítimos por parte de un gobierno, orientados a producir miedo o terror en la población civil para alcanzar sus objetivos o fomentar comportamientos que no se producirían por sí mismos”.
La conducta ejercida por diputados de la oposición en el aeropuerto puede motivar distintas consideraciones pero no entra, ni forzando, en la definición apuntada.
Posiblemente, el diputado Noguera no conoce siquiera el concepto de Estado o tal vez simplemente olvidó que quien está al frente del Poder Ejecutivo es un representante de su partido, el Partido Colorado.
Terrorismo de Estado es el que practicó durante 35 años el régimen de Alfredo Stroessner, avalado por la mayoría del Partido Colorado, con persecuciones, exilios, torturas, muertes, cierre de medios de comunicación, entre otras medidas represivas.
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Además de la ignorancia impúdica sobre lo que significa terrorismo de Estado, la reacción de Noguera puso en el tapete el papel de las empresas proveedoras del Estado, sus vínculos políticos y su modus operandi. La manera en que, cual perfiles falsos, se pueden crear en segundos empresas de maletín para ganar licitaciones con la complicidad de funcionarios corruptos de alto rango.
La reacción de Noguera no fue casual ni un intento de consolidar la imagen de desubicados o burros que arrastran unos cuantos diputados.
En realidad, el exabrupto del legislador surgió cuando se estaba discutiendo una declaración de la cámara para repudiar el alza desmesurada de precios en comercios durante la crisis. El diputado Sebastián García (PQ) propuso incluir un repudio a empresas proveedoras del Estado que aprovechan la crisis sanitaria para lucrar de manera descarada.
“Casualmente”, el diputado Éver Noguera es conocido como rey de las licitaciones en Guairá, amigo del ministro Rodolfo Friedmann y representante jurídico del Grupo Élite Consultora Integral Construcciones Civiles y Viales.
Su airada reacción no es una mera casualidad sino un signo de inflamable cola de paja y una férrea defensa de sus negocios ante una declaración de la Cámara de Diputados que afectaba directamente sus intereses económicos.
Desde el mismo Gobierno, el ministro de Hacienda Benigno López, hermano del presidente de la República, dijo que esta crisis es una oportunidad para cambios en los procedimientos y controles de las cuentas públicas.
Uno de esos cambios debería justamente apuntar a las compras del Estado, plagados de hechos de corrupción bochornosos, como lo reveló el caso de la Dinac, donde se vio la manera en que empresas de maletín, de forma burda y sin ningún control serio, ganan licitaciones para proveer clips de oficina, vehículos, alimentos, respiradores y cualquier cosa pasible de ser vendida.
Alguien que conoce muy bien estos tejes y manejes es justamente el Presidente de la República, dueño de una proveedora de asfalto que contrata habitualmente con el Estado.
Sería muy satisfactorio y hasta patriótico que Mario Abdo Benítez utilice el conocimiento que tiene de ese mundillo para instar a la Justicia a que le caiga con toda la fuerza de la ley a los avivados y ladrones. A menos, obviamente, que tenga intereses muy fuertes que se lo impidan.