El polémico senador liberal Alfredo Luis Jaeggli, una vez más, monopolizó la atención de sus colegas y del común de los mortales al lograr que el Senado costee los honorarios de sus abogados que le atienden una causa particular, el juicio por difamación y calumnia entablado por la abogada Sara Parquet.
Barrer parlamentarios, quemar el Congreso, incendiar el Ejecutivo, saltar pichados del barco por falta de sillas en la administración del Estado y decir barrabasadas no es el camino que enderezará la torcida ruta por la que se hace circular al país. Con hostilidades provengan de la derecha o de la izquierda no se puede.
Hay responsabilidades colectivas ineludibles, así como personales, y no hay fuero ni inmunidad parlamentaria que se pueda usar como muralla protectora para decir barbaridades contra otras personas, para opinar imprudentemente de lo que fuese y donde fuese sin importar a quién se injuria y hasta dónde. Jaeggli tildó a Parquet de "jefa de una gavilla del Poder Judicial".
Al decir que son responsabilidades personales, supone además ponerle pecho a los hechos y hacerse cargo de las consecuencias, costos incluidos.
La Constitución Nacional garantiza el derecho a la protección de la imagen privada de las personas, así como el Código Penal establece penas de multa y hasta de privativa de libertad para quienes calumnien o injurien a terceros.
Asimismo, la Carta Magna establece en su artículo 191 que "ningún miembro del Congreso puede ser acusado judicialmente por las opiniones que emita en el desempeño de sus funciones". Este instrumento legal no dispone que está permitido decir barrabasadas hasta fuera de las instalaciones del Legislativo, ni autoriza a emitir juicios soeces sobre personas involucradas en cuestiones más bien personales.
El fuero, así como no es sinónimo de inmunidad absoluta, no puede ser un vocablo con significado equivalente a impunidad, fanfarronería, arrogancia, impermeabilidad o superioridad ridícula y ofensiva. "Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones
" expresa el artículo 46 de la Carta Magna.
Una ley de física explica el principio de acción-reacción: siempre que un cuerpo ejerza una fuerza sobre otro, este también ejercerá una fuerza sobre él. Decir a boca de jarro "hago lo que quiero y nadie me puede tocar", desata respuestas como: "vamos a barrer el Congreso" y otras réplicas similares en cadena. Ni la acción ni la reacción son justificables, pero una fuerza descomedida, indefectiblemente, produce otra similar.
Dice un proverbio: "El hombre prudente es como el alfiler, la cabeza le impide hundirse hasta el fondo".