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Como el espacio no alcanzará para mencionar a todos, citaré los más emblemáticos. Julio César Fanego, el ya fallecido exgobernador y diputado por la ANR (Asociación Nacional Republicana) por Paraguarí, era conocido en la zona como el “rey del ganado”. Personas de su entorno, inclusive parientes suyos, fueron procesadas por abigeato. Lo mismo ocurrió con el senador de su partido Juan Darío Monges. En operativos fiscales se encontraron animales robados y personas que trabajaban en su estancia de Sapucái. Nuestro excorresponsal de la zona, Catalino Ibarra, le dedicó varias páginas. En 2003, cuando era ministro de Justicia, bajo el gobierno de Nicanor Duarte, proveía de carne vacuna a las cárceles a través de dos dudosas empresas que figuraban a nombre de gente de su entorno. El diputado por San Pedro, Carlos Manuel Maggi Rolón (hijo del Gral. stronista Carlos Egispo Maggi) estuvo vinculado al tráfico de vehículos robados a Bolivia, que eran cambiados por cocaína, según denunció en 1992 el Cnel. Catalino González Rojas. El negocio lideraba el Gral. Humberto Garcete. El final de la historia es que González Rojas terminó preso y dado de baja. Esa fue una de las grandes victorias del crimen organizado. Carlos Barreto Sarubbi, el extinto gobernador de Alto Paraná tenía una pista clandestina en su estancia donde recibía todo tipo de cargamentos. El exdiputado Ricardo “Lilito” Argaña protegía al grupo de contrabandistas encabezado por el comisario Rubén Careaga –asesinado en extrañas circunstancias–, su esposa Nelva Meaurio y su hijo Rubén Careaga Meaurio. Ingresaban las cargas a través del puerto Bussines Corporation, de Nicanor Duarte y el extinto diputado “Tito” Abadie. En 2002, el entonces fiscal Alejandro Nissen confiscó una carga de la familia, pero lo echaron por actuar fuera de su jurisdicción.
Eduardo Petta, hoy senador por el Partido Encuentro Nacional, en 2001 siendo fiscal en Itapúa confiscó cigarrillos que iban a ser contrabandeados desde la estancia Ña Pancha, propiedad de un colaborador estronista, Manito Duarte, expresidente de Antelco (hoy Copaco). Petta se cruzó en el sitio con el comisario de la zona Damián Aquino, por lo que pidió apoyo a la gendarmería argentina para el operativo. Petta fue destituido por “violar la soberanía” y en 2008, Aquino fue nombrado director de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) por Fernando Lugo, hoy senador por el Frente Guasu”. El senador Víctor Bogado (ANR), exsindicalista de Copaco, también fue salpicado por corrupción. Cuando presidía Conatel adjudicó millones de dólares a empresas que debían operar telefonía satelital y nunca lo hicieron. Pese a las pruebas le sobreseyó la Corte. Al diputado liberal Robert Acevedo se lo vinculó comercialmente con el padrino de la mafia de frontera Fath Yamil, y actual titular de Diputados, Hugo Velázquez, cuando era fiscal de Ciudad del Este en 2004 se le denunció por recibir dinero de representantes de marcas y dueños de casas de cambios para realizar operativos y no investigar lavado de dinero.
Los más recientes involucran al exdiputado Julio Colmán (ANR), concejal municipal de Curuguaty, condenado por la justicia por rollotráfico. Pese a la expresa prohibición de la Constitución, Colmán es propietario de un medio de comunicación. Tiene una radio FM desde la que despotrica contra sus adversarios políticos y la prensa. El diputado Óscar Venancio Núñez, de Presidente Hayes, soporta un proceso por desviar dinero de la Comuna de Villa Hayes que era para adquirir computadoras para los niños de escuelas públicas hayenses. El diputado José María Ibáñez se ingenió para que el Estado pagara el salario a los cuidadores de su casa quinta.
El caso más fresco y que convulsionó al país es el del intendente de Ypejhú, Vilmar “Neneco” Acosta, asociado al asesinato de Pablo Medina, corresponsal de nuestro diario en Curuguaty. En el allanamiento a la Municipalidad y la vivienda del político, la fiscalía se incautó de un vehículo robado en Brasil con restos de marihuana, armas de grueso calibre y pasamontañas.
En el caso de la ANR debemos significar que tiene un código de ética para sus afiliados. Habla de expulsión en caso de discriminar a correligionarios con ascensos, traslados y beneficios, promociones injustificadas en perjuicio de otros funcionarios…”. Para los colorados, es más grave que los afiliados se perjudiquen entre sí, que el hecho de que integren bandas mafiosas. Quizás por eso cierran filas para defender a los acusados por corrupción.
Tampoco la Constitución prohíbe a las personas sospechosas de corrupción candidatarse a cargos electivos. Reserva la honorabilidad solo a representantes de la justicia. Pero el Art. 201 de la Carta Magna habla “de la pérdida de la investidura, por el uso indebido de influencias, fehacientemente comprobado”. Si se aplicaba este artículo, nunca un “Neneco” Acosta, Bogado, Monges, Ibáñez, Maggi o Velázquez estarían en los cargos que hoy ocupan.
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