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Incoherencias

Este artículo tiene 10 años de antigüedad

En nuestro país la seguridad está en “terapia intensiva”. Los altos jefes policiales deben concienciarse de que urge un cambio en la manera de encarar la protección que precisa la ciudadanía ante tan alto índice de criminalidad reinante.

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La Comisaría 10ª del distrito de Juan León Mallorquín, en Alto Paraná, cuenta con 10 efectivos para resguardar a unos 27.000 habitantes. Es decir, un policía por cada 2.700 personas.

Pese a los insistentes pedidos para contar con más agentes e infraestructura, hasta hoy no hubo respuesta positiva ni de la Comandancia ni del Ministerio del Interior.

Abigeatos, asaltos, robos a comercios y domiciliarios son una constante en esta comunidad.

El viernes último, dos funcionarias de la Universidad Nacional del Este (UNE) fueron víctimas de un intento de asalto en las inmediaciones de la sede ubicada en Juan León Mallorquín.

Los malvivientes efectuaron varios disparos de armas de fuego contra el vehículo en el que se desplazaban las mujeres, quienes por fortuna no se detuvieron y consiguieron llegar hasta la sede policial para protegerse y denunciar.

En contrapartida, hace un par de semanas se asignaron unos 1.200 efectivos para el desalojo de unas 216 familias (5 policías por cada familia) del asentamiento San Rafael, en el distrito de Mcal. López.

Esto demuestra la falta de coherencia y lógica de los altos jefes para ordenar los trabajos.

Otro ejemplo es que si todos estos oficiales (los 1.200) se movilizaran hacia el Norte del país en busca de su camarada Edelio Morínigo, secuestrado desde hace 694 días, este ya estaría en su casa para felicidad de su familia, al igual que Abrahán Fehr, con 295 días de cautiverio.

Los uniformados deben estar al servicio de toda la ciudadanía y no solo de unos pocos, que por su poder económico despojan de su legítimo derecho a otros pobladores.

sara.fleitas@abc.com.py

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