En otro sentido, la corrupción es la práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores. Se entiende como corrupción política el mal uso del poder público para obtener una ventaja ilegítima.
El tráfico de influencias, el soborno, la extorsión y el fraude son algunas de las prácticas de corrupción que se ven reflejadas en acciones como entregar dinero a un funcionario público para ganar una licitación o pagar una dádiva o coima para conseguir lo que se desea a cualquier costo. Lastimosamente este cáncer está enquistado en todos los estamentos de la sociedad, incluyendo las instituciones encargadas de impartir justicia.
El caso del juez de Paz de Caacupé, abogado Hernán Franco, quien se encuentra bajo sospecha por prevaricato, alevosía, así como por producción mediata de documentos no auténticos y asociación criminal, además de supuestamente formar parte de una mafia de venta de sentencias judiciales, es una muestra más de lo corruptible que es la justicia.
Es lamentable que precisamente la persona cuya labor es evitar y dirimir conflictos con sencillez y rapidez con el objetivo de generar un clima de paz, esté bajo sospecha.
Ante la serie de denuncias, la Corte Suprema de Justicia decidió ordenar una investigación preliminar sobre la gestión del magistrado.
El Consejo de Superintendencia remitió los antecedentes a la Dirección General de Auditoría de Gestión Judicial, para que realice una Auditoría Integral de Gestión.
Es de suma importancia que se investigue exhaustivamente toda la gestión de este magistrado que ocupa el cargo desde hace doce años. Y que la justicia realmente haga honor a su nombre.
El castigo debe ser severo, en caso de que los hechos lo ameriten, para que el mismo sirva de ejemplo a otros jueces de paz del país.
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