Para que nada quedara suelto y a fin de evitar discusiones posteriores, que casi seguro derivarían en múltiples peleas, lo acordamos todo por escrito mediante un contrato. Aunque sonara raro, decidimos que cada uno sería propietario del 50% del negocio.
Como no contaba con dinero en efectivo, acordamos que utilizaríamos un inmueble de mi familia, en una importante avenida, y él completaría la superficie necesaria con el 20% de un terreno que se encontraba pegado al fondo del mío. Lo conversamos y en principio le quedó claro que sin ese terreno de mi familia, el negocio no era posible.
Quedamos en que él haría el aporte de los fondos para construir el local y comprar los elementos necesarios, y aunque el plan sufrió algunos retrasos, comenzó a funcionar. En principio pensábamos instalar 20 hornos, pero Jorge solo puso el dinero para 12. No era suficiente.
Para que el negocio fuera rentable debía trabajar a pleno, de modo que con los ingresos por la venta del producto se pudieran cubrir todos los costos. Jorge fue consciente y se vio obligado a hacer un nuevo aporte aunque, por el monto, tampoco alcanzó para completar el proyecto tal como lo habíamos concebido originalmente.
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La sorpresa me la llevé posteriormente, pues mi socio, en forma unilateral e inconsulta, consideró que esos recursos eran invertidos en concepto de préstamos; es decir, la panadería debía devolverle el dinero con los intereses incluidos. Esto no formó parte de nuestro pacto en el contrato original.
Acordamos que la venta de nuestros productos lo haríamos en forma conjunta, pero como él no tenía otra ocupación, se encargó de la comercialización del 90% de lo producido, en tanto que yo solo lo hacía con un 10%.
No pasó mucho tiempo y de nuevo, otra sorpresa: Mi socio plantea la firma de un arreglo al contrato original, con puntos ventajosos a su favor. Por supuesto, no lo acepté, pero como él tenía la administración de las cuentas del establecimiento y el manejo de la caja, tomó la decisión, contra mi voluntad, y la impuso en actitud prepotente.
Jorge se encargaba del registro de las compras de insumos y de las ventas. Mostraba los números, anotados en una especie de libreta que llevábamos, pero nunca pude ver las facturas que justificasen el manejo del dinero que pertenecía a ambos. No sabía si todo estaba correcto. Lo más grave es que este amigo empezó a vender los panificados por debajo del precio de costo. No lo sabía, luego me enteré que hace tiempo tenía pensado incursionar en política, y buscaba congraciarse con un grupo de clientes.
La consecuencia fue lógica. La sociedad comenzó a descapitalizarse y, para colmo, como él había puesto el dinero y los rotuló como “préstamos”, los intereses crecieron como bola de nieve.
Pese a todo, seguimos con el negocio, pero cometí un error: No le puse frenos. Pasó poco tiempo y Jorge siguió retirando el 90% de lo producido por la panadería, metiendo a la caja del negocio apenas el 30% del monto recaudado por lo vendido. Cuando lo descubrí lo encaré y me dijo que la diferencia (ese 70%) lo tomaba a cuenta de lo que le debía la panadería por los préstamos.
Éramos socios igualitarios en el papel, pero hace rato él se había quedado con toda la panadería.
Aunque esta historia aparente ser casi surrealista, esto mismo viene sucediendo hoy con una “megapanadería” llamada Yacyretá. La conversación reciente con un exfuncionario de la Entidad nos llevó junto al colega de la sección de Economía de ABC, Cristian Cantero, a tratar de montar esta historia que nos permitiera comprender la manera en que las autoridades argentinas llevan décadas pisoteando los derechos del Paraguay.
A cuarenta años de la firma del Tratado, el Gobierno nacional tiene hoy la brillante oportunidad de corregir esta situación y exigir a nuestro socio que respete los derechos que legítima y legalmente corresponden al Paraguay.