La solicitud fue realizada por la Contraloría General de la República (CGR) hace un año, debido a que el intendente Ferrer no justificó gastos por G. 12.573 millones. Los pasacalles que instalaron estos ciudadanos valientes frente al viejo cabildo fueron robados, ellos amenazados y denigrados en su condición de personas por las autoridades y su séquito de “chupamedias” y “zoqueteros” a través de radios locales.
Es plausible la movilización de este grupo de personas, que se animó a hacer frente a una organización que maneja desde antaño los destinos de la ciudad para seguir usándola como trampolín para satisfacer sus aspiraciones políticas para provecho propio. Ahí está el hijo del intendente, Néstor Ferrer, que quiere ser diputado, con Óscar Salomón detrás, que quiere ser senador.
En los últimos 15 años solo se han realizado obras “tapabocas”, ninguna de relevancia, pese a un gran millonario presupuesto de recursos propios y royalties que manejan las autoridades cada año. Mientras, pese a las evidencias de malos manejos, la falta de obras, a la situación de miseria de la ciudad, estos personajes que fungen de autoridades y representantes del pueblo, se mofan de la gente trabajadora y honesta.
Las malas gestiones administrativas en la Municipalidad de San Lorenzo, así como en otras, seguirán mientras los culpables no sean investigados y castigados. La impunidad trae más corrupción, que es un cáncer que carcome al país, y en este caso, los diputados tienen la obligación legal y moral de aplicar la medicina.
adelval@abc.com.py