Según estimaciones recientes realizadas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), el valor total de ventas de drogas ilícitas a nivel mundial en 2013 fue de 320.000 millones de dólares, con un mercado que no se ha reducido en los últimos cinco años. El mercado de venta de drogas en el continente americano fue estimado en 151.000 millones de dólares (aproximadamente el 47% del total mundial). De acuerdo con declaraciones de Jan Eliasson, subsecretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “el narcotráfico es un negocio multimillonario que alimenta redes criminales hasta un punto que no podemos comprender bien hasta ahora”, aunque sabemos –dijo– que “el narcotráfico socava el imperio de la ley y genera corrupción, lo que, a su vez, tiene un impacto negativo sobre el desarrollo”. El arma corruptora más poderosa del narcotráfico es –claro está– el enorme volumen de ganancias que produce, pues su monto es muy alto en comparación con los gastos requeridos para corromper la burocracia y la dirigencia política, lo que permite establecer fuertes lazos entre funcionarios públicos, agentes de seguridad, legisladores, fiscales y jueces inescrupulosos que protegen la integridad de estas organizaciones criminales.
En verdad, el narcotráfico crea alianzas estratégicas con distintas organizaciones delictivas con las que teje redes complejas. Un punto de contacto importante entre la criminalidad transnacional y el narcotráfico es el recurso a dos instrumentos que se complementan: la corrupción y la violencia. En muchos países de la región, como Colombia, México y Guatemala, la intervención de grupos armados ilegales narcotraficantes y el uso de métodos de coerción que reemplazan o complementan el soborno bajo el lema “plata o plomo”, justifican la introducción de calificativos como “corrupción violenta”, “corrupción armada” o “narco-corrupción”. Sucede que la participación de narcotraficantes y otros tipos de actores ilegales, como grupos guerrilleros o paramilitares, pasa a ser una característica de este tipo de corrupción. Y esta anomalía, que ha emergido durante la última década en América latina, posee efectos negativos en términos de seguridad nacional, convivencia social, estabilidad política y gobernabilidad democrática.
En México, más de 40 periodistas han sido asesinados o desaparecidos en los últimos años. A medida que se impone una autocensura generalizada, el futuro del país como sociedad libre y democrática está en riesgo. En un informe del Comité para la Protección de Periodistas (CPP), aterradoramente titulado “Silencio o muerte” (2010), se señala: “México está en guerra en muchos aspectos importantes, con instituciones corrompidas y la seguridad en riesgo, mientras que el periodismo de primera línea, que permitiría a sus ciudadanos y líderes entender y combatir a sus enemigos, está en vías de extinción. Los narcotraficantes, los criminales y los funcionarios corruptos que amenazan el futuro de México han asesinado, aterrorizado y cooptado a los periodistas, conscientes de que controlar el flujo informativo beneficiará sus intereses. Cada vez tienen más éxito y los resultados son devastadores”.
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