Si los niños de hoy en día siguen jugando este juego de persecuciones y fingidas balaceras, tendrán que cambiarle el nombre, porque actualmente cuando se dice “policías y ladrones” lo que la mayoría de la gente entiende es “policías que también son ladrones”.
Esta reflexión tiene mucho que ver con los conceptos que vengo desarrollando últimamente en este espacio semanal sobre la absoluta inoperancia de las instituciones del país y la total desconfianza de la ciudadanía en ellas. La policía no es una excepción. El caso del robo del vehículo de transporte de caudales de Prosegur es más que buena muestra de ello.
Lo más grave es que nadie se sorprendió de que un grupo de policías, varios de ellos en cargos claves para el buen funcionamiento de la institución policial, estén actualmente acusados por la fiscalía de haber cometido una variedad de delitos.
Es cierto que nos escandalizamos, pero no nos sorprendimos; sino que, a decir verdad, más bien la sorpresa fue que se los descubriera, se los denunciara y no se los encubriera. Tampoco nos pareció sorprendente que el comisario Amarilla, acusado de encabezar la banda, haya sido anteriormente investigado y procesado por otros delitos.
En esos casos anteriores Amarilla fue declarado inocente, pero aun así, por una cuestión institucional de confianza y de prestigio, no es razonable que una persona sometida a sospecha esté instalada en un cargo clave de la organización policial. Ya se sabe que para ocupar un cargo que afecta a la seguridad de la ciudadanía no basta con ser inocente, sino que además hay que parecerlo más allá de cualquier sombra de sospecha.
Como ya dije, nos escandalizamos pero no nos sorprendimos… ¿Cómo habríamos de sorprendernos, si hasta se ha acuñado la palabra “polibandis” para designar a los policías que, amparados en su autoridad, se dedican a cometer delitos?
Se trata de un caso más del descalabro institucional que padece el país… Como la criminal contaminación del lago Ypacaraí, de la que me ocupé hace algunas semanas, de la que municipios de la zona y Gobierno central son responsables no solo por no haberla evitado, sino por haber contribuido activamente a ella.
Se trata del resultado de la corrupción institucional, como las goteras del Hospital Militar, de las que me ocupé la semana pasada, o como otros cientos de casos que todos conocemos: La construcción de edificios de varios pisos, donde no hay cloacas, la falta de reacción ante el caos de tráfico de vehículos, la repartija de dinero público con fines electoralistas y tantos otros hechos de corrupción o ineficiencia.
En cierto modo el desprestigio de la institución policial es especialmente grave, puesto que si la policía está sometida a sospecha (Quiero subrayar esto: No un policía, ni dos, ni unos cuantos, sino toda la fuerza policial como institución), inclusive los policías honestos son salpicados por esa desconfianza.
En consecuencia, todos los paraguayos nos preguntamos: ¿Qué hará el policía de la esquina? ¿Nos protegerá de un asaltante, como es su obligación, o nos asaltará él mismo? ¿Estamos poniendo nuestra vida en peligro cuando paramos en una barrera policial?
Si ante un robo la prioridad no es detener al ladrón y devolver lo robado a su legítimo dueño, sino quedarse con el dinero ¿no será lo mismo ante un caso de secuestro? Finalmente: ¿Qué le ofrece el Estado al ciudadano si sus instituciones de seguridad y control de delitos generan inseguridad y delitos?
La conclusión es que no es suficiente con perseguir y castigar a quienes se dedican a cometer delitos desde las instituciones, hay que intervenir y sanear las instituciones mismas… Para que los policías vuelvan a ser policías y los ladrones, ladrones, como en el juego infantil.