El problema cobró relevancia y notoriedad cuando cerca de mil personas se manifestaron frente al Congreso el último martes; y cuando los senadores rechazaron el proyecto de desbloqueo de las listas sábana, los autoconvocados en la plaza repudiaron a los parlamentarios, rodearon la sede del Poder Legislativo y algunos de ellos protagonizaron actos de violencia en dicho lugar y frente a los locales de los partidos tradicionales ANR y PLRA. Todo esto lo hicieron en nombre del pueblo ya que, a su criterio, los diputados y senadores no representan en absoluto a la ciudadanía.
Esta coyuntura nos coloca ante un dilema: Si los parlamentarios no son voceros autorizados de los paraguayos, entonces, ¿quién lo es? A corto plazo, no existe una salida legal válida. La Constitución Nacional no prevé la posibilidad de revocar el mandato por un período de cinco años que se otorga a los parlamentarios. Hasta el Presidente de la República y los ministros de la Corte Suprema de Justicia pueden ser destituidos por juicio político, pero los señores legisladores, no. Esta es una “laguna” de la Carta Magna que habrá que arreglar alguna vez, pero mientras tanto…
En la convivencia en democracia, a veces tenemos que tragarnos sapos y culebras para evitar el quiebre del orden constitucional. Estamos atravesando un largo período de transición y de ajustes en camino hacia un sistema de adecuada representación y delegación de poderes de la voluntad popular. Comparada con la época de la dictadura, esta es una era inmensamente mejor en todos los aspectos, pero todavía quedan muchos factores que deben ser reformados. Construir una sociedad democrática con justicia social en realidad es un proceso que nunca termina.
Ante el conflicto suscitado entre los manifestantes y los senadores el martes pasado, nos quedan dos conclusiones claras. 1: La multitud reunida ante el Congreso para exigir el desbloqueo de las listas sábana constituye un hecho sumamente positivo como medio de expresión y de presión de la ciudadanía. 2: Los posteriores hechos vandálicos protagonizados por algunos manifestantes no son aceptables porque la violencia nunca es el camino para construir democracia. Lo primero es legítimo y recomendable; lo segundo, no.
El repudio y el escrache son derechos de la ciudadanía, pero dentro de las limitaciones que establece la ley. No se debe aplaudir ni alentar a los grupos violentos que llegan hasta la agresión física a las personas o ataques a los locales institucionales o domiciliarios.
Asimismo, sería saludable para la convivencia en democracia no invocar ilegítimamente la representación del pueblo. Una manifestación exterioriza el descontento de un sector social, pero no de toda la sociedad paraguaya. Las urnas en comicios legales son las que otorgan legítima representatividad a quienes resultan electos para esa tarea. Los demás opinamos y criticamos, pero no somos dueños de la voluntad del pueblo.