Es lo que debe entender Osvaldo Ovelar (ANR), intendente de Isla Pucú, sobre quien recaen sospechas de malos manejos en su administración, que fue auditada por la Contraloría General de la República (CGR).
Entre las irregularidades detectadas se citan que la administración de Ovelar realizó transferencias a entidades educativas e instituciones sin fines de lucro durante el 2011, por un total de G. 144.880.647, sin las documentaciones en regla. Se emitieron y cobraron cheques por G. 96.555.196 sin poder identificar las órdenes de pago, por lo que no existen facturas de respaldo, entre otras deficiencias en otros rubros que totalizan G. 300 millones.
La CGR tardó tres años en expedirse, por lo que Ovelar tuvo la oportunidad de realizar su descargo. Sin embargo, la documentación presentada no satisfizo al ente contralor, por lo que recomendó realizar una investigación, tendiente a deslindar responsabilidades y sancionar a los responsables. Además de proceder a recuperar y resarcir los pagos mal efectuados o no percibidos.
Si Ovelar pretende de nuevo administrar la Comuna, debe ser el más interesado en que se esclarezca esta situación, a través de una investigación del Ministerio Público. El mismo hecho de haber sido elegido democráticamente exige respeto a los electores, quienes esperan una explicación acorde a las circunstancias. Y no la excusa preferida por la mayoría de las autoridades investigadas, que todo se trata de una persecución política. Para un político que aspira al “rekutu” es de suma importancia no solo ser, sino eliminar cualquier tipo de sospecha sobre sí mismo y su gestión.
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