Hoy se ha generalizado el uso de la expresión “clase política” y, por desgracia, esta expresión ya no encierra connotaciones positivas; ya no sugiere respeto, sino desconfianza. La actitud más generalizada de los ciudadanos es considerar a cualquier autoridad política o administrativa sospechosa, porque se le supone una conducta reprochable.
Durante algún tiempo esa desconfianza y esas sospechas estuvieron alivianadas por un ambiente de tolerancia social con la corrupción… Quienes abusaban de sus cargos y se enriquecían ilegalmente valiéndose de ellos eran “¡Calidad pe tipo!” o, peor aún, personas que “aprovecharon su oportunidad”. Eso también ha cambiado y ahora la gran mayoría de los ciudadanos repudian y, cada vez que pueden, castigan cualquier acto de corrupción.
Si bien la reacción ciudadana se ha centrado por variados motivos contra los integrantes del Congreso Nacional, que por su propia soberbia y falta de comprensión de lo que está ocurriendo en el país se han puesto a sí mismos como principales objetivos del enojo ciudadano, conviene señalar que la desconfianza y las sospechas de corrupción alcanzan igualmente a integrantes de los otros poderes del Estado y de los partidos políticos que los respaldan.
Aunque el Congreso Nacional es, según nuestra Constitución, el poder del Estado con más autoridad, tanto o más grave que el desprestigio del Legislativo resulta la absoluta desconfianza ciudadana que afecta al Poder Judicial.
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No es casual que el estado de derecho se denomine “de derecho”: la justicia es su institución clave, debe garantizar el imperio de la ley y los ciudadanos tienen que sentirse protegidos y respaldados por las instituciones judiciales. Hoy por hoy en nuestro país, por el contrario, cualquier resolución judicial, desde la de un juez de Paz hasta la de la Corte Suprema de Justicia, es sospechosa para la gente común.
Lo que está ocurriendo podría describirse, con algo de amarga ironía, de esta manera: tenemos una “clase política” que, en persecución de sus intereses personales o sectoriales, ha renunciado a ser una “clase directora”. Los políticos hacen política solamente para ellos mismos y han renunciado por completo a defender los intereses nacionales o a administrar razonablemente el país.
Así pues, el principal problema para quienes ocupan cargos decisivos en nuestro país es que la más absoluta mezquindad se ha enseñoreado del conjunto de las instituciones, ha infectado la cosa pública. Desde los pequeños nepotismos hasta los grandes negociados, desde el pequeño coimero hasta el gran manguruyú. Sin duda que hay políticos, legisladores y jueces honestos, que procuran hacer bien su trabajo y cumplir cabalmente las funciones que les asigna la ley. Sin embargo, la imagen del conjunto de la clase política (esos acusados de corrupción que sonríen sobradoramente incluso cuando se los expulsa ignominiosamente de lugares públicos, esos soberbios que se creen intocables y quizás, en cierto sentido, lo son) empaña, opaca, oculta hasta hacerla invisible la acción de aquellos que intentan y, evidentemente, no consiguen que se hagan bien las cosas. Nadie pretende que los políticos y las personas que ocupan cargos decisivos en los poderes del Estado y en la administración del país sean santos, pero al menos se les podría exigir ese mínimo imprescindible de grandeza necesario para dedicar algo de su tiempo y algo de su esfuerzo a mejorar las condiciones sociales, políticas y económicas de nuestro país.
La realidad, tal y como la percibimos la mayoría de los paraguayos, es que están demasiado ocupados inventando y gestionando acciones corruptas para ocuparse de los problemas nacionales.
rolandoniella@gmail.com