Cuando la Alianza Patriótica para el Cambio asumió el gobierno, en agosto del 2008, de inmediato se presentaron los grandes requerimientos sobre las binacionales y las importantes decisiones a tomar. Pregunté si la Cancillería paraguaya, la Itaipú Binacional y la EBY tenían en su equipo de asesores jurídicos expertos en Derecho de los Tratados y en Derecho Energético, y la respuesta fue negativa. Pregunté sobre investigaciones rigurosas realizadas en defensa del interés general (Art. 128 CN) en dichos organismos en el marco de la defensa de la soberanía nacional; nada, nada. No existían altos cargos en Itaipú o Yacyretá que se hayan especializado en la materia, tampoco se auspiciaron publicaciones o investigaciones de defensa de los derechos del Paraguay. Los altos salarios pagados en las binacionales no se utilizaron para formar expertos en derecho energético, becarlos a países desarrollados en centros académicos de alta formación, etc.
El estado de postración en que gobiernos depredadores dejaron al país en las relaciones bilaterales resultaba dramático, pero explicaba perfectamente cómo el Paraguay, en plenos siglos XX y XXI, había aceptado formas de relacionamiento que beneficiaban enormemente a una de las partes en detrimento de la otra, violando todo principio de reciprocidad, igualdad jurídica entre los Estados, solidaridad y cooperación (Art. 143 CN); tampoco se respetó el principio de la cooperación y desarrollo (Art. 145 CN). Es decir, tanto los Tratados de Itaipú y Yacyretá como el desarrollo de los mismos tuvieron a una diplomacia paraguaya genuflexa y entreguista, que no tuvo la fuerza moral y política de intentar siquiera mejorar las condiciones de los tratados. En treinta años de tratados binacionales, los gobernantes paraguayos no tuvieron la decencia y la dignidad de formar a expertos para defender la soberanía jurídica del Estado paraguayo, y esta afirmación la hago con la prueba irrefutable de la inexistencia de documentos oficiales en este sentido, salvo honrosos esfuerzos individuales.
Tanto en Itaipú como en Yacyretá, la iniciativa la tuvieron siempre nuestros vecinos; ni siquiera por afanes hegemónicos, sino simplemente por la completa inacción paraguaya, que había renunciado a una renegociación firme y sostenida en el tiempo; muchos, con mentalidad entreguista o fatalista, otros, argumentando "ellos son fuertes, nosotros no podemos enojarlos, sería peor".
Es parte de esa mentalidad entreguista la que hoy brama con santa indignación porque el Gobierno decidió incorporar al canciller como representante ante el Consejo de Itaipú Binacional, exactamente como lo hace el Brasil. El Tratado de Itaipú, la Nota Reversal Nº 6, firmada hace 37 años, el 26 de abril de 1973, prevé expresa y categóricamente que "el Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay designará un representante para que, con el que el Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil designe para el mismo efecto, encamine los asuntos concernientes a los artículos arriba citados...". Pues bien, el Art. XXII del Tratado se refiere específicamente a los casos de divergencia que surjan entre las Altas Partes, lo que deben resolverlo "por los medios diplomáticos usuales". Mayor claridad, imposible. La Constitución Nacional, en su Art. 238.7, señala que corresponde al Presidente "...el manejo de las relaciones exteriores de la República..", potestad que la ejecuta también a través del Ministerio de Relaciones Exteriores (Art. 240 CN), y en entera concordancia con las normas citadas, el Art. 4.b de la Ley 1635, Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores, dice "
El M. de R. E. tiene como funciones: ...ejercer la representación del Estado ante otros Estados, en los organismos internacionales y en los sistemas de integración". El canciller de la Nación se halla facultado para representar al país en los organismos internacionales, por ende, ante las entidades binacionales, como lo interpreta claramente el mismo Tratado y la Nota Reversal 6, menos algunos paraguayos. Y no se trata de interés antiparaguayo, sino simplemente de una mentalidad que durante cincuenta años renunció a defender la igualdad entre los Estados, generó una política exterior genuflexa y entreguista y que causó tanto daño que tardará décadas en ser reparado.
Los brasileños comprueban que emerge una política exterior paraguaya que defiende firmemente la soberanía nacional y la igualdad entre las partes, pero que tiende puentes para el diálogo con Brasil, hoy gobernado por un Presidente progresista que tuvo el coraje de firmar la Nota Reversal de abril del 2009, inaugurándose una etapa de fraternidad que para el Paraguay significa pretender superar la lógica entreguista heredada de los dictadores paraguayos.
¡Increíble, hoy, en pleno 2010, hay gente que pretende renunciar a la aplicación de un logro que tiene treinta y siete años de vida! Algunos lo hacen de buena fe, con un criterio de legalidad estrictísimo que puede paralizar toda capacidad negociadora del Paraguay. Pero otros no; otros tienen nombre y apellido, son los cachorros de la dictadura que cuando tuvieron el poder en sus manos, hace apenas unos años, no fueron capaces de escribir una sola línea en defensa de la soberanía nacional (al menos no consta en los archivos oficiales), ni fueron capaces de plantear formal y legalmente la renegociación del Tratado, salvo la concesión de migajas.
El Paraguay da un paso cualitativo e histórico al instalar al canciller en el mismo corazón de Itaipú; si por resistencia interna de sectores conservadores que apañaron el statu quo del Tratado durante cuarenta años, hoy no es posible, no importa; más temprano que tarde, se logrará ese objetivo: sentar de igual a igual a los cancilleres de Paraguay y de Brasil ante el Consejo de Itaipú.
* Asesor jurídico de la
Presidencia de la República