María Cristina Morales, ministra del ambiente, es la responsable confesa de semejante hecatombe (licencia o aval para matar). Esta violación de la naturaleza es el resultado de la mentecata humana, de la crueldad del ánimo y del frío cálculo para satisfacer el instinto malévolo.
Este “exterminio” por motivos crematísticos no tiene parangón ni razonable ni sustentablemente, y lo que más asquea es que fue fruto de una planificación angurrienta o de un programa (arquetipo) con fines meramente mercantilistas en provecho de algunos bolsillos fratricidas cuyas maquinaciones no conocen de freno ni límites en la destrucción del planeta.
Hace tiempo que América Latina se encuentra en la mira de aquellos grupos poderosos del “primer mundo”, llevándose por monedas toda nuestra rica y virginal biósfera, porque la que ellos disponían ya no existe, simplemente la hicieron trizas.
En nombre de las generaciones futuras, debemos levantar nuestra más radical protesta e impedir que esto continúe; es la gran misión de los humanos cuerdos.
La matanza de una especie, por motivos económicos, es genocidio y esta aniquilación en masa es penal (imprescriptible), porque el derecho a existir se interrumpe por medio de la violencia planeada que lleva indefectiblemente a una extinción anunciada.
Este crimen contra la fauna es igual a otros que se vienen cometiendo indiscriminadamente en todo el territorio nacional. Nadie le pone coto a la depredación inmisericorde. La Seam es pura semántica, decorativa, y solo sirve para mercar aviesamente en medio de la corrupción generalizada de las autoridades nacionales.
El crimen de leso ambiente trae consigo un montón de delitos conexos, como la “asociación para permitir barbaridades”, la “instigación directa y pública”, la “tentativa” y la “complicidad”. Esta “limpieza étnica” representa la aniquilación sistemática de una especie animal por estrictos objetivos pecuniarios, negocio o explotación comercial.
Y ante semejante brutalidad y perversión en contra del Paraguay y su hábitat, tanto María Cristina Morales (ministra de la Secretaría del Ambiente, Seam) como Martha Motte (directora de Vida Silvestre de la Seam) deben marcharse por decoro, y más porque en la praxis demostraron ser “autoridades de cafetín” y no profesionales de campo que monitorean la esencia y la realidad en que vive y se extingue aceleradamente el ecosistema paraguayo.
Estas seudorrepresentantes del pueblo deben retirarse del aparato estatal para atender sus propios intereses o negocios fuera del ejido gubernamental. Ya no deben ejercer ninguna función en nombre de la República, pues sus actos o decisiones atentan contra los intereses patrimoniales de la nación, contra la integridad natural y toda su vida silvestre.
La cacería programada de 214.000 teju guasu es el resultado de una tilinguería irracional, cuyas “autoridades” tratan de justificar sus medidas o decisiones con ejemplos y comparaciones fuera de lugar y sin sustento que solo confirman y acentúan la depravación que aplican a todas las especies, incluida la humana de la cual forman parte, lastimosamente.
Y ante la extrema inacción de esta Secretaría, que nada hace ni sirve para la Patria, sería enriquecedor preguntarles: ¿y los manguruju que devoran los tres poderes del Estado? ¿Qué opinan al respecto? ¿qué decisiones tienen sobre el punto? ¿o acaso forman parte de esa “especie devoradora” que viene demoliendo la República?
Finalmente, los teju guasu (hû ha pytã), teju’i (lagartijas) y otras especies se ven amenazadas por esa repartición estatal que está lejos de la conciencia existencial de los seres vivos de la Tierra. A ellos deberíamos fumigarlos para liberar al Paraguay de las garrapatas y sanguijuelas que lo raquitisan integralmente.
Y para ser congruente con los propósitos del “nuevo rumbo”, les revelamos que si no renuncian, ya se le tiene preparados varios teju’i que se les plantará en sus zapatos.
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