El argumento de uno de los proyectistas es que estos cascos son utilizados por los delincuentes para ocultar sus identidades y cometer delitos y crímenes de manera impune. Cuando fue consultado sobre cuáles son los fundamentos para asumir una medida tan drástica, respondió que ya se estaba poniendo en campaña para averiguar las estadísticas sobre accidentes de tránsito y verificar cuán importante es el uso de este elemento protector para salvar vidas humanas.
Sin ánimo de intentar trazar un paralelismo con aquello del perfil criminoso ideado por el médico Cesare Lombroso, tan vilipendiado en las clases de criminología por describir y clasificar a los delincuentes según sus rasgos físicos, vale la pena analizar qué otros elementos caracterizan a un “motochorro” o “motoasaltante”, de tal manera a establecer las previsiones que deberían ser asumidas para combatir a estos delincuentes.
La prohibición del uso de cascos podría permitir a los asaltantes recurrir al ingenio para sortear ser identificados, por ello sería conveniente que nuestros concejales también nieguen la utilización de pañoletas y vinchas anchas para evitar que estos materiales sustituyan a los cascos. Como utilizan puñales o machetillos, debería restringirse también la venta de todo tipo de arma blanca, hasta los cuchillos de cocina. Si se movilizan en motos, lo lógico es que se prohíba la venta de combustible y más tarde, si el objetivo no es alcanzado, se debe llegar a la prohibición total de comercialización de motocicletas.
Por si faltara más, otra declaración poco feliz es la que realizó en esos mismos días el ministro del Interior, Francisco de Vargas, para quien el hecho de que haya más motoasaltantes es consecuencia de la existencia de una mayor cantidad de motos. Algún chistoso murmuró que en ese caso, para evitar que pululen estos delincuentes, los fabricantes de biciclos deberían ser encarcelados o las motocicletas arrestadas.
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Pero más allá de las cargadas que se puedan hacer, la cuestión de fondo es muy seria y preocupante.
Según las estadísticas que maneja el Centro de Emergencias Médicas, nuestro principal hospital de traumas, durante todo el 2013 atendió a un total de 17.000 accidentados, de los cuales 12.000 fueron motociclistas. De estos últimos, según las cifras oficiales, el 86% no llevaba puesto sus cascos, mientras que solo el 14% se tomó la precaución de hacerlo. De los 12.000 motociclistas accidentales, 400 fallecieron dentro del hospital y lo resaltante es que ninguno de ellos llevaba puesto el casco al momento del incidente.
El Ministerio de Salud sumó otro dato sumamente trascendente: La atención de los pacientes accidentados le cuesta al sistema público 100 millones de dólares anuales que salen de los bolsillos de la ciudadanía, incluso de los más pobres que no tienen ni autos ni motos.
Prohibir el uso del casco quizás hasta permita evitar unos pocos hechos delictivos. De lo que no cabe dudas es de que la cantidad de muertes se multiplicará varias veces y el Estado tendrá que asignar muchos más recursos a hospitales para atender a los accidentados.
Los hechos que hemos observado y escuchado en la semana constituyen planteamientos ilógicos y sorprendentes, pero como son propuestos con tanta naturalidad por los personajes que aparecen en la historia, nos compenetramos tanto que terminamos familiarizándonos con ellos y ya ni nos inmutamos. Ni Franz Kafka lo hubiera imaginado mejor. Un tema “casquiano” para nosotros.