El dictamen fue presentado ayer ante la Corte Suprema de Justicia y lleva la firma de la fiscala adjunta Gilda Villalba, encargada de contestar los traslados dirigidos al fiscal general.
En la parte final del documento, el dictamen de la Fiscalía General señala que “corresponde el rechazo de la presente acción de inconstitucionalidad”.
La acción había sido presentada en julio de 2018 por el excontralor Enrique García, con el fin de evitar dar cumplimiento a dos sentencias judiciales que ordenan la entrega de las Declaraciones Juradas de funcionarios públicos.
Interpretación plausible
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El Ministerio Público salió al paso de las pretensiones del excontralor García, quien calificó de arbitrarias las sentencias que favorecieron al periodista de ABC Color Juan Carlos Lezcano y obligaba a la Contraloría General a entregar los documentos solicitados.
Tanto el juez Rubén Riquelme como el Tribunal de Apelación Primera Sala de Asunción señalaron el año pasado que la Ley de Acceso a la Información Pública y la que regula las Declaraciones Juradas se complementan.
Esas resoluciones fueron tachadas por García de inconstitucionales, algo en lo que la Fiscalía General del Estado disiente.
El dictamen señala que las resoluciones judiciales han realizado análisis suficientes para llegar “a una conclusión acorde y lógica”.
“La interpretación realizada con respecto a la norma aplicable al caso no puede ser tildada de manera alguna de inconstitucional”, señala el dictamen.
Además, refiere el documento que el razonamiento realizado por el Tribunal de Apelación “mínimamente lo podemos catalogar como un interpretación plausible”.
No mencionan argumentos
En la acción planteada por la Contraloría, se acusaba a los magistrados intervinientes de no haber tenido en cuenta los argumentos de los abogados del ente contralor.
“No mencionan cuáles fueron dichos argumentos inobservados por los juzgadores intervinientes. (...) El plantamiento en cuestión no reviste del más mínimo análisis”, indica el dictamen del Ministerio Público.
Acordada es constitucional
Otro punto atacado por el excontralor García es la acordada 1005 de la Corte que dispone el amparo como vía para resolver las solicitudes de información rechazadas y pretendía que estos casos se resuelva por otras vías. Para la Fiscalía, la acordada no viola normas constitucionales.
Causa parada hace un año
Hace ya más de un año que el excontralor Enrique García presentó ante la Corte Suprema de Justicia una acción de inconstitucionalidad para evitar cumplir con dos sentencias judiciales que lo obligaban a hacer públicas las declaraciones juradas de las más altas autoridades de la República, incluidas las suyas.
Se espera resolución antes de fin de año.