Durante la sesión ordinaria de hoy, convocada para las 08:30, los diputados tienen la posibilidad reglamentaria de solicitar la anulación del acta de la reunión del miércoles pasado para dejar sin efecto el “salvataje” a sus colegas procesados: los acusados Carlos Portillo (efrainista) y Ulises Quintana (ANR, Añetete) y el imputado Tomás Rivas (ANR, cartista).
La presión ciudadana les hizo pensar a varios de los 43 diputados colorados y liberales pero hay dudas que puedan conseguir el número necesario para anular el acta de la sesión del miércoles 9 de octubre.
En la Cámara de Senadores y en Diputados hay precedente de anulación del acta de la sesión anterior. Uno de los últimos casos más conocidos es el que corresponde al entonces senador Víctor Bogado (ANR, cartista). El 25 de octubre del 2013 fue imputado por el caso “niñera de oro” Gabriela Quintana Venialgo. El 14 de noviembre del 2013, el Senado rechazo el pedido de desafuero. Debido a la actitud corporativa de los senadores, la ciudadanía se congregó ante el Congreso y en señal de desaprobación lanzó cientos de metros de papel higiénico. Días después comercios de Asunción y otros puntos del país se sumaron a la ola de los escraches (ver más información en la página 2 de esta edición).
En la Cámara Baja, la diputada Kattya González (PEN), en abril de este año planteó anular el acta de la sesión anterior donde se había archivado el proyecto de ley que planteaba eliminar el voto directo para elegir a representantes ante el Parlasur. Por 43 votos ratificaron la vigencia de lo actuado. Luego el presidente Mario Abdo Benítez por decreto anunció que por acuerdo de los cuatro países miembros del bloque regional decidieron suspender las elecciones para elegir a representantes del bloque.
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“Salvataje”
El grupo de 43 diputados cartistas, abdistas y algunos liberales archivaron los pedidos de pérdida de investidura de Portillo, acusado por tráfico de influencias; Quintana, acusado por los hechos de narcotráfico y lavado de dinero y Rivas, imputado por supuesta estafa, cobro indebido de honorarios, entre otros delitos.