Comisión debate hoy modificación de duración máxima del procedimiento

Eliminar del Código Procesal Penal la suspensión del plazo de duración del procedimiento ante la presentación de chicanas, es el punto de debate hoy en la Comisión Nacional de Reforma. Hay temor de impunidad si corre la propuesta.

Luis María Benítez Riera, ministro que conforma la Comisión Nacional de Reforma por la Corte Suprema de Justicia.
Luis María Benítez Riera, ministro que conforma la Comisión Nacional de Reforma por la Corte Suprema de Justicia.

La Comisión Nacional para el Estudio de la Reforma del Sistema Penal y Penitenciario, Conarep, presidida por la diputada Rocío Vallejo, se reune hoy para debatir la propuesta de cambio en la duración máxima del procedimiento, que es de 4 años, según el artículo 136 del Código Procesal Penal.

La principal modificación que se quiere hacer al referido artículo es suprimir la parte que dice que: “Todos los incidentes, excepciones, apelaciones y recursos planteados por las partes suspenderán automáticamente el plazo, que vuelve a correr una vez se resuelva lo planteado o el expediente vuelva a origen”. Si se llega a anular esta parte de la norma, la extinción del proceso se dará a los cuatro años, independientemente a los incidentes, en la mayoría de los casos dilatorios, que puedan presentar los encausados.

El temor de algunos integrantes de la Comisión es que si se aprueba la supresión se permitiría la impunidad de peces gordos como narcotraficantes, lavadores de dinero, contrabandistas, evasores, integrantes de bandas criminales y funcionarios públicos investigados por enriquecimiento ilícito. Los procesados con poder económico o político son los que más chicanean las causas y les resultaría fácil llegar a los 4 años de duración máxima del procedimiento y lograr así ser blanqueados con la extinción del proceso.

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Otro cambio que se quiere hacer al artículo 136 del Código Procesal Penal es contar el plazo para la extinción a partir de “cualquier diligencia o actuación que señale a una persona como posible autor o participe de un hecho punible, ante el Ministerio Público o algunas de las autoridades judiciales y administrativas que este código establece”.

Actualmente el procedimiento a partir del cual se considera el plazo para extinción es la notificación de la imputación fiscal, según lo dejó establecido en reiterados fallos la Corte Suprema.

El abogado Alfredo Enrique Kronawetter, representante del Ejecutivo y defiende la propuesta de suprimir la suspensión del plazo afirmó que el Paraguay tiene que cumplir los compromisos internacionales asumidos, en los que se hablan de plazos razonables, tanto para víctima como denunciados.

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Manifestó que si el Poder Judicial y el Ministerio Público no hacen lo que tiene que hacer, no se le puede sancionar al imputado que está ejerciendo su defensa.

Kronawetter pidió a los operadores de justicia una autocrítica. Dijo que el problema no es la ley, sino son los operadores. La aprobación o no de la modificación queda en manos de la Comisión.

Los que estudian la reforma penal

La Comisión Nacional para el Estudio de la Reforma del Sistema Penal y Penitenciario, Conarep, está presidida por la diputada Rocío Vallejo e integrada por los ministros Manuel Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera, por la Corte; los abogados Marcos Kohn y Enrique Kronawetter, por el Ejecutivo; los fiscales adjuntos María Teresa Aguirre, Marco Alcaraz, Soledad Machuca y Gilda Villalba, por el Ministerio Público; y los defensores Matías Garcete y Francisco Acevedo, por el Ministerio de la Defensa Pública.

También asisten los senadores Enrique Bacchetta, Víctor Ríos y Desirée Masi. El primero es representado por el abogado Guillermo Duarte y el segundo por los letrados Roque Orrego y Juan Martens.

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