CAACUPÉ, Cordillera (Desiré Cabrera, de nuestra redacción regional). Desde la implementación de la ley del Fondo Nacional para la Inversión y el Desarrollo (Fonacide), en el año 2012, las denuncias por malversación de recursos por parte de los jefes comunales han sido incesantes. Dicho fondo surgió de la venta de excedente de la energía de Itaipú y fracasó en su objetivo de hacer avanzar el sistema educativo en todo el país.
Gaseosas y golosinas
Hubo delitos tales como la malversación con la compra de gaseosas y golosinas para repartir a los necesitados, ocurrido en diciembre del 2012, por parte del entonces intendente de Santa Elena, César Balbuena (PLRA). Actualmente se encuentra afrontando juicio oral, acusado por lesión de confianza, por un supuesto daño patrimonial a la comuna que supera los G. 300 millones de recursos de Fonacide.
Hotel Fonacide
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Otro que está a la espera de juicio oral es el exintendente de Arroyos y Esteros Gustavo Alfonzo (ANR), acusado por lesión de confianza y administración en provecho propio.
El mismo mientras aún ejercía el cargo había iniciado la construcción de un hotel de su propiedad, que los propios pobladores pusieron como nombre “Hotel Fonacide”, cuya obra se paralizó y quedó inconclusa.
Alfonzo está procesado por la desaparición de más de G. 2.000 millones de recursos del Fonacide, correspondientes a los ejercicios fiscales 2013 al 2015.
La ciudad “limpia” por estafas
Igualmente, están procesados y con nulo avance en la investigación los exjefes comunales Martín Muñoz (PLRA) y Wilfrido Figueredo (ANR), de Atyrá.
Muñoz está imputado y con medidas alternativas a la prisión, por hechos punibles contra el patrimonio, estafa, lesión de confianza y producción de documentos de contenido falso.
La Contraloría General de la República descubrió sobrefacturaciones y malversaciones realizadas con recursos del Fonacide. Su sucesor, Wilfrido Figueredo (ANR), también fue denunciado por el ente contralor por un perjuicio de más de G. 56 millones.
Escuelas peligrosas
El exintendente de Caacupé Roberto Franco (ANR) está siendo investigado desde hace más de cuatro años por supuestos malos manejos del Fonacide, el mismo ni siquiera fue imputado, a pesar de que la Contraloría detectó serios indicios de corrupción.
El actual intendente de la Villa Serrana Diego Riveros (PLRA) también presentó una denuncia penal contra Franco en 2016 por la supuesta comisión de hechos punibles contra el patrimonio y contra la seguridad de las personas frente a riesgos colectivos. Según el jefe comunal, la presentación se realizó luego de verificar las obras realizadas en varias escuelas de la comunidad con recursos del Fonacide.
Mbocayaty
Asimismo, Luis César González (PLRA-llanista), exintendente de Mbocayaty del Yhaguy, está acusado por lesión de confianza por un supuesto perjuicio de unos G. 300 millones a la Municipalidad, durante el ejercicio fiscal 2013 correspondiente al Fonacide.