El proyecto de ley fue aplazado a pedido de la diputada de Central Kattya González (PEN), vicepresidenta de la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria.
La parlamentaria señaló que a través de la Ley 125/91 no solo los funcionarios cobran las multas, sino que también los funcionarios del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) hasta el 30% y de Aduanas el 50%.
“El proyecto a ser aplazado, presentado por el entonces diputado Éber Ovelar (ANR, Añetete) no hace ninguna innovación. Lo que hace es derogar la modificación del 2004 y restituye la Ley 125/91; es decir, con un criterio de que sigan cobrando la multa pero con un porcentaje inferior. La norma del 2004 habla también de hasta el 50%”, indicó la parlamentaria.
La legisladora mencionó que quieren elaborar un proyecto de ley más integral que tenga una visión de estado con respecto a las multas. Indicó que el ministro de Hacienda, Benigno López, se puso a disposición de los parlamentarios para dar toda la información con respecto a la distribución de multas.
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Por otro lado, la Cámara Baja aprobó un pedido de informes en el que solicita a la SET, el MIC y a Aduanas informaciones sobre la distribución de las multas en concepto de infracciones que son distribuidas entre los funcionarios. Las instituciones tienen un plazo constitucional de 15 días para responder.