En el caso de los diputados acorralados por la justicia, Carlos Portillo (PLRA, efrainista), Tomas Fidelino Rivas (ANR, cartista) y Ulises Quintana (ANR, Añetete), el pasado 9 de octubre, la Cámara de Diputados montó un show para terminar salvándolos de perder su investidura.
En una sesión “express”, los diputados trataron los tres casos, se les dio el uso de la palabra a cada uno, que mintieron descaradamente sobre sus procesos penales y luego se votó para enviar los pedidos al archivo.
Carlos Portillo, quien hace más de un año fue acusado por la fiscalía y se pidió su juicio oral, por un hecho de tráfico de influencias, tiene su caso totalmente paralizado en la Cámara de Apelación de Ciudad del Este y no se puede llamar a la audiencia preliminar para saber si es o no elevado el proceso a juicio oral.
Sin embargo, en esa sesión del 10 de octubre, Portillo dijo: “Desde el inicio de la investigación siempre estuve a disposición de la justicia, yo mismo pedí mi desafuero en su momento, para que el Ministerio Público pueda hacer su trabajo libremente”. Eso fue tomado como verdad por sus colegas, pero en realidad tal cosa no se ajusta a la realidad, que cuenta que Portillo, desde que se inició la investigación, en noviembre de 2017, viene chicaneando su proceso judicial que primero se dio en los tribunales de Asunción, pero luego, gracias a una “ayuda” que le dio la Cámara de Apelación integrada por Pedro Mayor Martínez, Gustavo Ocampo y Gustavo Santander (con voto en disidencia de este último), se envió el caso a los tribunales de Ciudad del Este el 28 de agosto de 2018.
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Pasó más de un año de eso y no pudo realizar una sola diligencia más en torno al proceso contra el diputado liberal, quien chicaneó su proceso.
Con el diputado Ulises Quintana se dio un caso muy particular, ya que se lo vincula con una red de narcotraficantes y está acusado con pedido de juicio oral, pero sus pares se resisten a tratar su pedido de pérdida de investidura.
Actualmente, Quintana está recluido en la cárcel militar de Viñas Cue y no está asistiendo a las sesiones de la Cámara de Diputados, por lo que un grupo de parlamentarios está pidiendo que se lo expulse por faltas reiteradas, pero el bloque colorado se opone y cada vez que el orden del día llega al punto del caso Quintana, dejan sin quorum la sala.
De esta manera se va alargando el plazo y judicialmente la defensa del diputado Ulises Quintana está tratando de lograr que sea beneficiado con un arresto domiciliario y luego plantear un permiso para asistir a las sesiones de la Cámara Baja. Sin embargo, esta situación está muy complicada, ya que el Tribunal de Apelación la semana pasada confirmó la prisión del diputado.
Desafueros
Ni desafueros quieren otorgar los diputados para que sus pares sean sometidos a los diferentes procesos penales. Esto se dio primero con el diputado Tomás Rivas, quien por un año logró evitar que la Cámara Baja le retire sus fueros para ser sometido al proceso por sus “caseros de oro”. Actualmente, los tres caseros ya están solamente esperando el juicio oral que se hará el 2 de febrero del próximo año pero, en el caso Rivas, el proceso no pudo avanzar.
Recién ahora la fiscalía lo pudo acusar y el jueves 26 de diciembre próximo debe afrontar la audiencia preliminar en la que se decidirá si, al igual que sus caseros, va a juicio oral.
Un caso en el que actualmente están dilatando un pedido de la Justicia es el del diputado Esteban Samaniego (ANR, Añetete), quien fue querellado por un hecho de agresión verbal contra Sara Prieto, una joven que estaba trabajando en un evento deportivo al que asistió el parlamentario.
En este caso, el juez penal de Sentencia Elio Rubén Ovelar envió el ocho de octubre pasado el oficio N° 507/19 al presidente de la Cámara Baja, el diputado Pedro Alliana (ANR, cartista) en el que le comunicaba que Samaniego tenía abierto un proceso penal y le solicitaba que se trate su desafuero para ser sometido al proceso.
Este pedido fue cajoneado por Alliana y el pasado 2 de diciembre el mismo juez reiteró el pedido al presidente de la Cámara de Diputados. Ya pasó casi un mes de eso y el pedido de la justicia sigue siendo ignorado.
Es evidente que en la Cámara Baja existe un corporativismo cercano a la complicidad y que les hace no dejar sin el amparo político a ninguno de sus miembros, sea quien sea y blindarlo, hasta donde se pueda, de la justicia. Estos hechos hacen que continué vigente el apodo popular que le da la gente de “cámara de la vergüenza”.
Inusual permiso para ir preso
A tal grado de desfachatez llegó la Cámara de Diputados que en setiembre del año pasado el diputado Miguel Cuevas (ANR, Añetete), con el aval de sus colegas, cuando se ordenó la prisión de Ulises Quintana, le otorgaron un permiso “para ir preso”, violando la Constitución Nacional que solo permite que los senadores y diputados pueden tener permiso para ocupar cargos en ministerios, embajadas o por enfermedad. Quintana, mediante una resolución irregular, fue liberado y asumió nuevamente su banca, pero el pasado 29 de noviembre se revocó esa medida y fue encarcelado. Desde entonces, los diputados continúan evitando expulsar a su colega.