El abogado Enrique Daniel Quintana Galeano, por cuya denuncia fue imputado días atrás el funcionario consular abogado Escobar Gubo y otros, pidió por nota al canciller y a la ministra de la Función Pública, Cristina Bogado, den “cumplimiento inmediato” del Art. 43 de la Ley 1626/00 de la Función Pública, suspendiendo al investigado por el Ministerio Público.
El Art. 43 de la referida legislación señala que “cuando un funcionario público fuera imputado de hechos tipificados como punibles, será suspendido en el cargo por el tiempo que dure el proceso. Si hubiese sido absuelto o sobreseído definitivamente en el proceso penal respectivo, el funcionario será repuesto en el cargo que desempeñaba en el tiempo de la suspensión o en otro equivalente”.
Escobar Gubo, nombrado en febrero pasado por el presidente Mario Abdo Benítez en el consultado de Formosa con el rango de “cónsul de primera”, fue imputado por presunta “apropiación, producción de documentos no auténticos y abuso de documento de identidad” por la fiscala Stella Mary Cano.
El imputado, por tener la categoría D26, según el decreto 1214 de su designación, cobra alrededor de G. 40 millones mensuales. Conforme a la planilla de sueldos del Ministerio de Relaciones Exteriores, el militante colorado percibe G. 28.845.515 como sueldo y un subsidio de alquiler de G. 10.461.000, en total G. 39.306.515.
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Según el relato de la fiscala Cano, Escobar Gubo con Carlos Enrique Cabrera Méndez y Marcos David Sánchez Pérez –los demás imputados en el mismo caso– el 4 de julio pasado habrían retirado unos pagarés depositados en una escribanía, haciéndose pasar por otras personas y falsificando firmas. La adulteración la habrían realizado dos personas no identificadas que acompañaron a los imputados, según la agente fiscal.
El 28 de noviembre del 2017, Escobar Gubo, Cabrera Méndez y Sánchez Pérez, dirigentes de un grupo estudiantil en la Facultad de Derecho UNA, firmaron un acuerdo político con otro sector y, para garantizar el cumplimiento del pacto, firmaron varios pagarés que totalizaron la suma de G. 280 millones. Sin embargo, los ahora imputados no cumplieron con el acuerdo y, además, retiraron los pagarés “en connivencia con la escribana Emigdia Samudio”, según el escrito de imputación.
Ante el incumplimiento del pacto y el retiro de los pagares, Miguel Aldo González y Enrique Daniel Quintana denunciaron el hecho ante la Fiscalía.
Quieren ubicar a no diplomáticos
En el Senado está un proyecto de modificación de la Ley 1335/99, Diplomática y Consular, para ampliar el cupo político en embajadas y consulados. Actualmente, en los consulados solo se puede nombrar a un 20% de los funcionarios a personas no diplomáticas, pero varios políticos, entre ellos la senadora colorada Lilian Samaniego, quieren ampliar el cupo. Los cargos en embajadas y consulados son muy apetecibles para los políticos para ubicar a sus familiares y operadores. El gobierno actual sigue la práctica de poner a políticos en el servicio exterior.