La resolución N° 637 de la Contraloría General de la República, firmada por su encargado Camilo Benítez Aldana, data del 11 de noviembre del año pasado pero según se observa en el documento divulgado en la página www.contraloria.gov.py, se aprueba realizar Fiscalizaciones Especiales Inmediatas (FEI). Sin embargo, algunas de ellas ya comenzaron, según señalaron fuentes, pero sin especificar cuáles.
En la lista de 45 entes figura el Consejo de la Magistratura (CM), le sigue el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), el Fondo Ganadero y el Gabinete Militar. Luego, aparecen las Gobernaciones de Central, Alto Paraná, Amambay, Concepción e Itapúa.
IPS en la mira
El Instituto de Previsión Social (IPS) también será fiscalizado por dos direcciones de la CGR: la de Control de la Administración Descentralizada y la de Contrataciones Públicas. Los contralores revisarán los ejercicios fiscales del 2018 y 2019 de esta institución.
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El año pasado, IPS fue blanco de investigaciones sobre contrataciones amañadas del servicio de seguridad privada, para beneficiar a Óscar Chamorro Lafarja, hijo del exdiputado José Chamorro (ANR).
En octubre del 2019, un dictamen técnico de la Contraloría confirmó que dicha licitación estuvo plagada de irregularidades.
Más entes
Otros entes serán el Instituto de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), el Ministerio de Defensa, Servicio Nacional de Catastro, Ministerio de Justicia, Ferrocarriles del Paraguay y la Universidad nacional de Itapúa.
La Municipalidad de Asunción también será fiscalizada por dos direcciones la Gestión Ambiental y Cultural del Estado y la Cuentas de viáticos y Transferencias, que revisarán todo el ejercicio fiscal 2019.
También aparecen ocho Municipalidades de Itapúa, dos de Central, dos de Caaguazu, Arroyito en Concepción, Bahía Negra de Alto Paraguay, dos de Presidente Hayes, dos de Alto Paraná, tres de Ñeembucú, dos de San Pedro, María Antonia de Paraguarí y dos de Cordillera.
Fiscalizaciones duran 45 días
Las fiscalizaciones a las instituciones se harán de forma paulatina. Las autoridades serán notificadas del inicio de la fiscalización y a partir de allí en 45 días, los funcionarios de la Contraloría deben tener culminado el trabajo. La lista fue elaborada de acuerdo a varios indicadores. Algunos fueron elegidos por sorteo, otros por actividades que nunca fueron auditadas, varias instituciones se incluyeron por tener denuncias de irregularidades y otras porque reciben dinero público y la Contraloría pretende saber cómo están utilizando dichos recursos. El resultado será analizado y si existen irregularidades se informará a las instituciones correspondientes y la Fiscalía en los casos que ameriten.