Desde el miércoles pasado reina la incertidumbre en la Dirección Jurídica de la Municipalidad, tras filtrarse que la abogada Nidia Silvero de Prieto fue desvinculada del ente municipal.
Según fuentes, el intendente Prieto Vallejos habría desvinculado a la directora jurídica por supuestamente ausentarse constantemente en su puesto laboral. Sin embargo, posteriormente desistió de la idea y solicitó a Silvero de Prieto para que permanezca en la Comuna.
El jefe comunal igualmente desvinculó al asesor jurídico Ricardo Romero Fatecha por presuntamente encubrir a la directora jurídica en las ausencias.
“Nada, ya se van a enterar. Ya se van a enterar en su momento de lo que está pasado”, respondió ayer el intendente Prieto Vallejos al ser consultado sobre la situación de la Dirección Jurídica. “Ya se van a enterar de lo que está pasando. Deme una semana de tiempo, vamos a sorprenderle a todos”, dijo al ser insistido sobre la desvinculación de Silvero de Prieto.
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Si eventualmente Silvero de Prieto abandona la Dirección Jurídica de la Comuna, el abogado Daniel Colmán Trinidad, docente universitario y exjuez civil de Ciudad del Este, es apuntado como posible sustituto.
Intentamos comunicarnos con Silvero de Prieto y Romero Fatecha, pero no atendieron nuestras insistentes llamadas en su número con terminación 143 y 277 respectivamente. Tampoco respondieron nuestras consultas por mensajes de texto. No obstante, nuestra redacción está abierta para conocer su versión.
La crisis fue instalada en la Municipalidad y generó un sinfín de especulaciones acerca de la causal de la destitución de los asesores jurídicos. Pero no es la primera vez el intendente Prieto Vallejos enfrenta una dificultad en su gabinete.
La primera se produjo cuando Yolanda Paredes renunció a la dirección de Recursos Humanos y acusó al intendente de no autorizar la desvinculación de funcionarios pertenecientes al clan Zacarías.
Igualmente, Óscar Melgarejo, esposo de la concejala departamental Sandra Miranda (PPQ), fue apartado del Centro de Procesamiento de Datos por supuesta adulteración de datos en la liquidación de impuesto inmobiliario. Inmediatamente, María Dolinzky Arrúa, hija de la senadora Nani Arrúa (PPQ), renunció a la Dirección de Recaudaciones.