Gladys Bareiro se niega a apartarse del estudio de la acción de inconstitucionalidad planteada por la Contraloría General de la República para evitar que las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios estatales sean públicas, a pesar de que existen numerosos motivos para que dé un paso al costado.
El primer motivo es que las declaraciones juradas presentadas por Bareiro de Módica forman parte de los pedidos de acceso a la información originales planteados por el periodista de ABC Color Juan Carlos Lezcano y que motivaron la acción judicial contra la Contraloría General de la República.
Lezcano solicitó al ente de control copias de las declaraciones juradas de las más altas autoridades de la República entre los años 1998 y 2017, incluidos los ministros de la Corte Suprema de Justicia.
Bareiro es la única de los ministros cuyas declaraciones juradas son afectadas que sigue en el caso. Los demás, como Antonio Fretes, Luis Benítez Riera y César Garay Zuccolillo, decidieron apartarse.
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Dio lugar a acción
A esto hay que sumar que Bareiro fue una de las ministras que dieron lugar a una acción de inconstitucionalidad planteada por la propia Corte Suprema de Justicia para que ella y sus colegas no presenten las declaraciones juradas.
A principios de 2018, la Corte dio visto bueno a su propia acción de inconstitucionalidad contra la Ley 5033, que obliga a funcionarios públicos a presentar declaración jurada de activos y pasivos. Los propios beneficiarios, ministros de la Corte, eran los que debían resolver.
La acción de inconstitucionalidad fue presentada por Mirtha Morínigo de Florentín, de la dirección de Asuntos Jurídicos de la Corte, y ataca los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 11, 16, 17, 18 y 25, en los que se establece la obligación, los datos a ser declarados y las sanciones contra quienes incumplan esta ley.
Pretendían con esta acción que todos los ministros de la Corte, magistrados, funcionarios del Poder Judicial estén exentos de cumplir esa ley que obliga a todos los funcionarios del Estado a declarar sus bienes, rentas, activos y pasivos.
En silencio, la Sala Constitucional de la Corte Suprema dio rápidamente trámite a la acción, con lo que consiguieron frenar la obligación de presentar sus declaraciones juradas.
Gladys Bareiro fue una de las firmantes de la resolución. Con ella, firmaron Miryam Peña y Antonio Fretes. Ahora debe analizar si sus declaraciones se publican.