Bareiro remitió ayer una nota al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, diciendo que decidía apartarse del estudio de la acción de inconstitucionalidad planteada por la Contraloría General de la República para no cumplir con sendas sentencias que obligan a publicar las Declaraciones Juradas de las más altas autoridades de la República de los últimos 20 años.
Entre los documentos que se debían publicar figuran las Declaraciones presentadas por Bareiro de Módica, pues ella estaba incluida en el pedido de acceso a la información planteado por el periodista de ABC Color Juan Carlos Lezcano que generó la acción judicial.
Bareiro dice apartarse por ser víctima de una “persecución constante e inmisericorde” por parte de nuestro diario. Sin embargo, se negó a referirse a los motivos que empujaron a que sea recusada en dos oportunidades en la causa.
En el escrito de recusación, se señala que las declaraciones juradas presentadas por Bareiro de Módica forman parte de los pedidos de acceso a la información originales planteados por el periodista y que motivaron la acción judicial.
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Lezcano solicitó al ente de control copias de las declaraciones juradas de las más altas autoridades de la República entre los años 1998 y 2017, incluidos los ministros de la Corte Suprema de Justicia.
Bareiro era la única de los ministros cuyas declaraciones juradas están afectadas y seguía en el caso. Los demás, como Antonio Fretes, Luis Benítez Riera y César Garay Zuccolillo, decidieron apartarse.
Además, Bareiro fue la que solicitó que la Corte Suprema se entrometiera abiertamente en otro poder del Estado. En noviembre de 2018, el mismo día que el Senado estudiaba un proyecto de ley que establecía como obligatoria la publicidad de las declaraciones juradas, la Corte remitió a la Cámara Alta un dictamen en el que aseguraba que la legislación no debía ser aprobada.
El dictamen fue remitido por el entonces titular de la Corte Suprema, Raúl Torres Kirmser. En una abierta intromisión en las funciones de otro Poder del Estado, la Corte intentó así frenar la aprobación del proyecto que permitirá mayor transparencia.
Con el apartamiento de Bareiro, la máxima instancia judicial tiene ahora vía libre para dar sentencia en un caso que está paralizado hace ya casi dos años.