Los ministros Eugenio Jiménez Rolón, Alberto Martínez Simón y Manuel Dejesús Ramírez Candia, son los que integran la Sala Constitucional tras la inhibición de los doctores Antonio Fretes y Gladys Bareiro de Módica.
De esta manera, los tres ministros serán los que tendrán que estudiar las excepciones que presentaron los acusados contra la determinación que tomó el Tribunal de Sentencia integrado por Juan Carlos Zárate, Héctor Capurro y María Fernanda García de Zúñiga, de rechazar el pedido de prescripción de la acción penal que presentaron el 3 de marzo, antes de que se dé inicio al juicio oral por el caso de los “coquitos de oro”.
La defensa del extitular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Camilo Soares y del exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) Alfredo Guachiré había presentado un incidente en el que solicitaban que se disponga la prescripción de la acción penal contra ellos por lesión de confianza, ya que el tiempo de duración del proceso ya sobrepasó el doble de la pena.
Sin embargo, los miembros del Tribunal, tras analizar el pedido, por unanimidad lo rechazaron, alegando que durante los diez años que lleva el caso los procesados incurrieron en medidas meramente obstruccionistas para llegar a la impunidad. También trajeron a colación que Camilo Soares incluso ya fue sancionado por litigante de mala fe y por todo eso se aplicó la teoría de los plazos muertos y se fijó como nueva fecha para la prescripción el 28 de agosto de 2024.
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Contra esta resolución es que recurrieron a la Corte los acusados. El Tribunal de Sentencia envió la excepción a la Fiscalía General del Estado, para que dé su postura.
El Ministerio Público contestó que ambas excepciones deben ser rechazadas, ahora se integró la Sala Constitucional que tendrá a su cargo la decisión final.
De fallar a favor de los accionantes se debe dar el sobreseimiento inmediato a Soares y Guachiré y el caso de la millonaria sobrefacturación en la SEN, ocurrido en diciembre de 2009, quedará impune.
Un nefasto antecedente
La Corte Suprema de Justicia tiene un nefasto antecedente en este caso de los “coquitos de oro” y se remonta al 7 de febrero de 2017 cuando la exministra de la Corte Miryam Peña, minutos antes de que se inicie el juicio oral, pidió el expediente para verificar algunos incidentes y lo cajoneó por dos años, ayudando a ganar tiempo a los acusados Camilo Soares y Alfredo Guachiré en su carrera por la impunidad.