La Corte Suprema de Justicia podría finalmente dictar sentencia definitiva sobre la publicidad de las declaraciones juradas en días más.
El Decreto 3564 del Poder Ejecutivo incluyó entre los exceptuados que pueden circular libremente durante la última semana de cuarentena total a las autoridades del Poder Judicial.
La máxima instancia judicial tiene en su poder hace casi dos años la acción de inconstitucionalidad planteada por el excontralor Enrique García con la que buscó evitar dar cumplimiento a dos sentencias previas que ordenaban la liberación de las declaraciones juradas de bienes de las más altas autoridades de la República de los últimos 20 años.
Las sentencias habían favorecido al periodista de ABC Color Juan Carlos Lezcano, quien presentó un amparo contra la Contraloría General por las reiteradas negativas de entregar la información pública.
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Sala ya está integrada
En la sesión del pasado 15 de abril, el ministro Manuel Ramírez Candia había solicitado dar celeridad al caso, debido a que los plazos de integración del pleno para el estudio del caso ya se habían extendido bastante.
Alberto Martínez Simón, presidente de la máxima instancia, informó que la magistrada María Mercedes Buongermini había aceptado integrar la Corte para el estudio y que faltaba que el Dr. Guido Rubén Cocco Samudio confirmara si aceptaba o no la integración.
La cuarentena había puesto un freno para terminar la integración y que las partes se notifiquen.
Inicialmente, los juzgados deberían volver el próximo lunes 3 de mayo.
Ezequiel Santagada, abogado de nuestro compañero de trabajo, había anunciado que se aceptaría la conformación de la Corte y que no se presentaría recusación alguna.
Santagada señaló además que una vez que se retomen las actividades judiciales, se presentarían a darse por notificados y a prestar el consentimiento para que la causa finalmente pueda avanzar.
Primer caso de Acceso a la Información que resolverán
El caso de las declaraciones juradas es el primer caso de acceso a la información pública que llega a la máxima instancia judicial desde la promulgación de la ley 5282.
En mayo de 2018, el juez Rubén Riquelme había fallado a favor de la publicidad de los documentos; sentencia que fue ratificada por el Tribunal de Apelación Primera Sala de Asunción. Acorralado, el excontralor Enrique García presentó una acción de inconstituconalidad para no cumplir.