Los dos proyectos que plantean el recorte del 50% de las cuotas en las escuelas y colegios privados y subvencionados y también en los institutos y universidades privadas, mientras duren las medidas de emergencia sanitaria, fueron postergados por ocho días en la sesión de ayer de la Cámara de Diputados.
Tanto el diputado Ángel Paniagua (ANR, Añetete) como Hugo Ramírez (ANR, HC) defendieron sus respectivas propuestas, argumentando que el dinero que no se pagará a las instituciones, servirá a los padres para invertir en computadoras o tabletas y más paquetes de datos para que sus hijos puedan seguir las clases virtuales. Además, la no asistencia al aula significa un ahorro para las instituciones en electricidad, agua, entre otros servicios.
El diputado Sebastián Villarejo (PQ) manifestó el rechazo a la propuesta argumentando que la normativa estaría legislando precios de mercado, que es inconstitucional, al tiempo de señalar que no fueron analizados en profundidad, argumento en el que coincidió la diputada Kattya González (PEN).
El diputado Justo Zacarías Irún (ANR, HC) también manifestó su oposición a la propuesta argumentando que se trata de un acuerdo de los institutos privados con una persona privada, y que el Estado solo debía verificar si se cumplen los acuerdos entre ambas partes.
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Molestó a Ramírez y a Paniagua que se haya manifestado que sus propuestas no fueron suficientemente analizadas. Ramírez despotricó contra los mismos argumentando que lo que se busca es defender el privilegio de los dueños de universidades de garaje y señaló que si el Cones realiza visitas sorpresivas a esos lugares, constatará situaciones irregulares.
MEC ya no construirá
Los diputados aprobaron y enviaron al Senado un proyecto de ley que quita de las atribuciones del MEC la responsabilidad de llevar adelante obras de infraestructura en las instituciones a su cargo, y traslada esa función al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y al Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat. También se le quita al MEC la responsabilidad de distribuir el alimento escolar y dejan a cargo de las Gobernaciones y Municipios.
El argumento principal es que con este despojo de obligaciones, el MEC pueda centrarse en su función principal que es administrar educación y docentes.