El 5 de mayo de 2017, Quiñónez aseguró en la audiencia a candidatos para titular del Ministerio Público, que si llegaba al cargo iba a dejar que la Contraloría General audite su gestión.
“Apostemos a la transparencia, no debemos temer a ser controlados. La primera persona que debe ser controlada es el fiscal general”, afirmó Quiñónez, ante los miembros del Consejo de la Magistratura que estaban escuchando a los aspirantes.
Sin embargo, cuando asumió el cargo de fiscal general se olvidó de lo que había prometido y accionó ante la Corte, contra la ley que habilita a la Contraloría General a auditar su gestión.
Quiñónez, al igual que todos los que le precedieron en el cargo, apuntó que el órgano habilitado para el control es el Tribunal de Cuentas, en donde un fiscal inferior tiene que dictaminar si usó bien o no los recursos del Ministerio Público.
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La postura asumida por Quiñónez fue muy criticada por los medios de comunicación y la ciudadanía, lo que la obligó a aclarar a través de la Dirección de Comunicaciones que su acción no descarta el control por parte del Tribunal de Cuentas, que va a juzgar los actos administrativos.
Las gobernaciones y los municiones, entre otros entes, siempre recurren al Tribunal de Cuentas en donde encuentran impunidad ante los presuntos malo manejos. Precisamente eso habría buscado la fiscala general al accionar ante la Corte para evadir a la Contraloría.
Quiñónez ahora está en el ojo de la tormenta y hay diputados que impulsan su juicio político. La titular del Ministerio Público, según la acusación del ministro Federico González, intermedió para que el empresario Karim Salum guarde cuarentena en su casa.
Criticada gestión en la fiscalía
La fiscalía no hizo nada en la supuesta investigación del acuerdo antreguista de la energía de Itaipú al Brasil. El principal sindicado fue el vicepresidente Hugo Vázquez. El hecho casi le costó un juicio político a Abdo Benítez.
En diciembre pasado, Sandra Quiñónez abrió una tibia investigación al expresidente Horacio Cartes y otros involucrados por haber, supuestamente, ayudado a Darío Messer, para que se mantenga en clandestinidad. Esta acusación fue hecha por los fiscales del Brasil, donde se fueron los agentes de nuestro país.