Para el jurista, exconstituyente y exsenador de la Nación Marciano Torales la experiencia anterior, en los casos de juicio del expresidente Raúl Cubas (ANR), en marzo de 1999 y Luis González Macchi (ANR), en junio de 2001, justifica absolutamente el rápido accionar de los legisladores.
Juicio a Cubas
El martes 23 de marzo de 1999, un día después del asesinato del exvicepresidente de la República Luis María Argaña, el entonces presidente de la Cámara de Diputados Walter Bower (ANR) convoca a una sesión extraordinaria en la que se logran los votos para realizar la acusación “por mal desempeño de funciones” ante la Cámara de Senadores. Paralelamente en las calles, grupos de jóvenes se manifestaban solicitando la renuncia del Presidente.
Marciano Torales recuerda que tras formularse la acusación en Diputados, se corrió traslado al acusado; y se le dio tres días para prepara su defensa. El jueves 25 de marzo, los diputados Marcelo Duarte (PEN), Blas Llano (PLRA) y Ángel Barchini (ANR) realizaban la acusación ante la Cámara de Senadores. El sábado 27 se escucharía a la defensa del Presidente, y el lunes se dictaría la sentencia.
En ese lapso, las tensiones en las calles aumentaron y el viernes 26 a la noche, un total de siete personas murieron y más de un centenar resultaron heridas en un enfrentamiento ocurrido en las plazas frente al Congreso.
El juicio continuó el sábado, con la exposición de los abogados del Presidente, pero ya no hubo tiempo para la sentencia porque el domingo a la noche, Raúl Cubas renunció al cargo “para pacificar el país”.
“El lapso que se le dio a Cubas no hizo más que convulsionar al país y ocasionó muertes”, manifestó Torales.
Caso Luis González Macchi
En junio de 2001, la Cámara de Diputados decidió enjuiciar al entonces presidente Luis Ángel González Macchi. Lo acusaron de instigar el desvío de 16 millones de dólares de los bancos en liquidación Unión y Oriental.
Marciano Torales, senador en ese entonces, señaló que tuvo un papel protagónico a la hora de “juntar los votos”.
Recordó que el entonces Jefe de Estado tuvo los mismos plazos que Cubas.
“Cuando nosotros evaluamos en la Cámara de Senadores, teníamos los 33 votos para destituir al Presidente. El jueves se escuchó a la defensa; pero el entonces presidente del Senado Juan Carlos Galaverna decidió pasar al martes siguiente la votación. En ese lapso –del jueves al martes–, que fueron cinco días, ya tuvimos nada más que 26 votos. La compra de conciencia en ese lapso fue una cosa espectacular, porque nosotros teníamos evaluados y comprometidos los votos. Yo estaba entre los que hicieron la evaluación de los votos, consideramos que había más que suficientes para destituir a González Macchi. Sin embargo, por A o B razones, para el martes, cinco días después, ya tuvimos nada más que 26 votos y no se le pudo destituir”, recordó.
Celeridad justificada
Torales manifestó que teniendo en cuenta los antecedentes, la fundamentación de realizar con la mayor celeridad posible estaba bien justificada en el caso de Fernando Lugo.
“La experiencia anterior nos hablaba de que la Cámara de Senadores dio diferentes plazos, en un primer caso hubo muerte y en un segundo caso hubo compra de conciencia de una manera realmente increíble”, dijo.
Agregó que todas las causas de las que se lo acusaba al Presidente eran conocidas, de modo que no se requería de mayor prueba, sino más bien realizar una fundamentación, una evaluación política.
A esto se debe agregar que la Cámara de Senadores tiene total facultad y poder discrecional para establecer los plazos. “Eso del debido proceso, que algunos dicen que tienen que ser 18 días, es una falacia. Los 18 días son para los juicios ordinarios, aquellos que precisan estudios, análisis y demás. La actuación del Senado estuvo ajustada a lo que dice la Constitución”, finalizó.