Simón agregó que la investigación evaluará si hubo “faltas” que ameriten una sanción “leve” o la apertura de un sumario administrativo con sanciones más graves, incluido el despido.
“En las publicaciones dice que ella hasta trabajaba domingos y feriados. En el Registro Electoral sí se trabaja esos días”, justificó.
El funcionario dijo que en caso de que se constate una falta leve, sin instrucción de sumario administrativo, Amarilla puede recibir una amonestación, un apercebimiento, una multa o una suspensión de hasta cinco días.
Apuntó que en caso de corroborarse faltas de “segundo grado” se puede establecer una multa de 30 jornales (G. 2.104.680), una suspensión de 30 días sin goce de sueldo, una suspensión de un año al cualquier promoción y finalmente la destitución.
No les rige Ley 1626
Simón agregó que la Secretaría de la Función Pública no tendrá injerencia alguna en la investigación de este caso, o cualquier otro que involucre a planilleros, debido a que el TSJE mantiene una acción de inconstitucionalidad en la Corte Suprema contra la Ley 1626/2000. Dicha acción incluye a 33 entidades encabezadas por el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el Consejo de la Magistratura, la Contraloría General, el Banco Central del Paraguay y otros. Simón remarcó que la investigación puede durar dos semanas, pero la apertura de un sumario administrativo puede culminar en 60 días hábiles. Aseguró que en dicho proceso se garantizará el derecho a la defensa de la funcionaria.