El gobernador Mario Cossío fue imputado por el Ministerio Público por supuestos actos de corrupción. La asamblea departamental (junta departamental) tomó la decisión de suspenderlo en el cargo. La Constitución Política del Estado establece que solo una condena judicial puede dar paso a esta determinación.
Pasaron dos años y al final el Ministerio Público suspendió la investigación sobre supuesta corrupción contra Mario Cossío. No lograron indicios de delitos y la misma documentación encontrada en la gobernación terminó demostrando que no existieron las supuestas sobrefacturaciones en la construcción de una ruta departamental.
En realidad, tampoco importaba mucho si tal acusación era real o no. El objetivo era alejarlo del cargo y tomar por asalto el departamento de Tarija. El Movimiento Al Socialismo (MAS) tuvo éxito en su empeño. No pudieron meterlo en la cárcel, como quería Evo Morales, porque huyó al Paraguay y allí encontró refugio.
Dos años después
¿Qué pasó en Tarija en estos dos últimos años? A juzgar por las publicaciones de los medios de prensa y las declaraciones de gente común, así como de políticos, Tarija se encuentra en medio de una encrucijada marcada por la fractura interna del MAS.
Mauricio Lea Plaza Peláez comentó que “la corrupción interna está desintegrando al MAS en Tarija. El gobernador interino nombrado por La Paz se convirtió en un problema para el MAS ante su ineficiencia. Hoy quieren sacarlo de la gobernación, solo que no encuentran el mecanismo para hacerlo. El gobernador interino controla los fondos de la gobernación y los usa para seguir en el poder”.
Estos dos años fueron suficientes para imponer el miedo en la sociedad tarijeña: militar en la oposición tiene como destino seguro el inicio de procesos judiciales. El Ministerio Público se convirtió en una herramienta muy eficiente de represión y persecución.
Reina Vaca, asambleísta departamental, reconoce el miedo que existe: “El costo de reclamar derechos implica arriesgarse a procesos judiciales. La gente vive temerosa y prefiere mantener la cabeza baja antes que enfrentar a fiscales y jueces que actúan como una fuerza represiva del sistema”.
Presos políticos
Bolivia se convirtió en una cárcel. En La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, las prisiones tienen detenidos por disenso político. El sistema implantado por Evo Morales no permite el ejercicio de la oposición y en los últimos años aplastó de manera implacable a líderes políticos que pudieran poner freno a un régimen de izquierda.
Leopoldo Fernández lleva casi cuatro años detenido en la cárcel de San Pedro, en La Paz. Las leyes bolivianas establecen que al cabo de tres años de detención sin proceso, el detenido debe ser puesto en libertad inmediata. Ningún juez se anima a firmar la orden de libertad.
Leopoldo Fernández está acusado de una masacre que tuvo lugar el 11 de setiembre de 2008, en el departamento amazónico de Pando. Investigadores enviados por Unasur llegaron a la conclusión de que la Gobernación a cargo de Fernández organizó la masacre de campesinos.
Los expertos de Unasur no presentaron pruebas y se limitaron a reproducir testimonios de campesinos afines al MAS. ¿Por qué sigue sin condena si las pruebas eran abrumadoras? Este caso es simbólico: Leopoldo Fernández reclama ser presentado ante un juez y prestar testimonio, ante la oposición de los fiscales.
La situación es parecida a la que atraviesa Mario Cossío y otras decenas de detenidos políticos. No interesa si son culpables o no, lo único que importa es silenciar y desarticular a la oposición.
Evo Morales y líderes que comulgan con la misma ideología de extrema izquierda tienen un proyecto político totalitario: no aceptan el disenso y toda posibilidad de oposición se aplaca sin importar el costo.
Es una dictadura, así de sencillo. Podrá ser del proletariado, pero el resultado es el mismo que aquellos impuestos por regímenes de extrema derecha.
No existen dictaduras buenas ni dictaduras malas.