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La propuesta fue presentada por el diputado Bernardo Villalba (ANR), enemigo declarado de Giuzzio, a quien acusó de los delitos de frustración de la persecución penal; de usurpación de la función pública y lesión del derecho a la comunicación o imagen.
Villalba incluso intentó que se exhorte a la Cámara de Senadores a amonestar a los dos con dos meses de suspensión, punto que fue rechazado por los opositores e incluso por los propios colorados oficialistas.
Diputados liberales cuestionaron la redacción del documento al señalar que correspondía pedir la investigación de todo lo denunciado y no solo de los legisladores involucrados porque parecía más bien “un pase de factura”.
Así también criticaron que no se conforme una comisión de investigación y que los colorados no incluyan en la acusación al titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Luis Rojas.
A lo largo de la sesión numerosos legisladores se despacharon contra este último a quien acusaron además de intervenir las llamadas de los diputados.
Teme por su vida
El diputado Marcial Lezcano (ANR) acusó a Rojas de creerse un “superministro” que destruye a cualquiera que lo enfrenta e incluso dijo temer por su vida.