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Los bloques partidarios en el Senado tienen posturas divididas con relación al proyecto de derogación de la Ley de Seguridad Nacional, que implicaría la eliminación de la FTC, el operativo militar y policial que tiene por objetivo combatir al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
La bancada del PDP (integrada por Desirée Masi, Arnaldo Giuzzio y Pedro Santa Cruz) impulsa la iniciativa de eliminar la FTC bajo el argumento de que no lograron el éxito deseado de eliminar al grupo insurgente y además demanda un alto costo para el Estado. Según sus estimaciones, rondan los US$ 70 millones entre el 2013 y 2015. Pero el Gobierno señala que la cifra es inferior aunque no mencionan el monto exacto.
Los dos senadores de Avanza País (Adolfo Ferreiro y Miguel López P.) más los ocho senadores colorados disidentes, los 12 parlamentarios liberales y los independientes Carlos Amarilla y Eduardo Petta se manejan con “cautela” con relación al tema y afirman que es necesario “analizar bien” la propuesta legislativa.
Los 11 colorados cartistas, más los dos parlamentarios del Unace (Jorge Oviedo Matto y José M. Bóveda) rechazan la iniciativa y alegan que “la presencia de la Fuerza de Tarea Conjunta evita más hechos de inseguridad”. Recordemos que actualmente hay tres personas secuestradas por el EPP: Edelio Morínigo (779 días) y los menonitas Abrahán Fehr (380 días) y Franz Wiebe Boschman (26 días).
Audiencia pública
La Mesa Directiva del Senado decidió la semana pasada realizar la audiencia pública para debatir el pedido de eliminación de la FTC con los sectores sociales, de seguridad y política en la ciudad de Horqueta el próximo 2 de setiembre. La intención es efectuar una segunda audiencia en Santa Rosa del Aguaray (San Pedro), pero los parlamentarios aún no definen el tema.
Las autoridades de sectores empresariales cuestionaron a Horqueta como sede de la audiencia pública y pidieron que se traslade a la ciudad de Concepción, capital del departamento del mismo nombre. Mencionaron que la realización de dicha actividad en otra ciudad –que no sea Concepción– sería un “teatro” porque tendría influencia de los sectores políticos.
El proyecto de derogación de la Ley de Seguridad Nacional e Interna se tratará el 8 de setiembre en Senado.