La Cámara de Senadores, que había rechazado en primera instancia el proyecto que reglamenta el artículo 104 de la Constitución sobre declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos, dará entrada la próxima semana a la ratificación de la Cámara Baja. El documento será girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y la de Legislación para su dictamen.
El presidente del Senado, Jorge Oviedo Matto (Unace) manifestó que era favorable a esta normativa, aunque con la aclaración de que las declaraciones de bienes no deberán hacerse públicas, por el riesgo, supuestamente, que algunos puedan ser víctimas de secuestros.
Según establece el proyecto, la declaración jurada deberá consignar la totalidad de los activos y pasivos, ingresos y gastos, tanto en el país como en el extranjero, del declarante y su cónyuge. También los datos personales y los de sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad.
Igualmente, los funcionarios deberán autorizar en forma expresa e irrevocable a la Contraloría General y al Ministerio Público a realizar todas las investigaciones que consideren pertinentes, tanto en territorio nacional como en el extranjero para determinar la veracidad del contenido de su declaración.
En cuanto a las sanciones previstas, a quienes no presenten su declaración jurada dentro del término legal se les aplicará una multa de 300 jornales mínimos (G. 16.582.000) y, según el caso, cesantía e inhabilitación para ocupar cargos públicos por el término de 10 años.
Igualmente, los funcionarios que obstaculicen la inspección de cuentas bancarias y otros documentos podrán recibir multar de hasta G. 27.637.200).