Nuestras autoridades políticas siguen demostrando su incapacidad, corrupción y gran falta de seriedad. Un empresario extranjero, interesado en traer inversionistas del exterior, me dijo que esta situación hace aún más inestable la economía de nuestro país y expone la enorme ausencia de seguridad jurídica. Fue concluyente: “Si con tanta facilidad, cada diez años, pueden destituir a un presidente de la República, con igual facilidad se apropiarán de nuestras inversiones”.
Si alguien con pasado no limpio puede comprar una presidencia, a través de su adquisición del Partido Colorado, en nuestro país se irá consolidando la narcodemocracia en forma acelerada y, cada vez, con más fuerza.
Cuando saltó al conocimiento de la ciudadanía la firma del entreguista acta bilateral de Itaipú, quedó confirmada que nuestra democracia pende de un fino hilito sucio.
Para empezar, nos enteramos de los irresponsables tejes y manejes protagonizados por un abogado novato, quien fuera nombrado por el mismo Hugo Velázquez, como representante de la Vicepresidencia de la República ante la ANDE, para que acompañara las gestiones de la empresa brasileña Léros, referidas a la venta de energía eléctrica al sector privado, en Brasil. Esto, ya de por sí resulta muy extraño. No corresponde a la actividad de un vicepresidente acompañar gestiones de ninguna clase de negocios ni nombrar un representante para ello. A simple vista, sobresale el tráfico de influencias. A partir de ahí, todo queda envuelto en la sospecha.
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La situación se agrava cuando, de repente, el novicio abogado, en representación de la Vicepresidencia de la República, se convierte en el factótum de la exclusión del importante punto 6 en el acta bilateral. La eliminación de este punto otorgaba a la empresa Léros el monopolio de la distribución eléctrica del excedente de ANDE en el territorio brasileño, aparte de perjudicar a la ANDE y a nuestro país.
Insólito que un tierno leguleyo tuviera más acceso al Poder Ejecutivo que Pedro Ferreira, presidente de ANDE.
Pese al panorama amenazador, de la noche a la mañana quedó desactivada, en ambas cámaras del Congreso, la posibilidad de un juicio político por mal desempeño en sus funciones al presidente Mario Abdo Benítez y al vicepresidente Hugo Velázquez. El motivo sería la falta de votos en el Senado. Aunque se seguía considerando el eventual juicio político al vicepresidente, esto también se canceló. Las versiones dicen que se debió a que el interés del cartismo era, sobre todo, el derrocamiento de Mario Abdo.
A pesar de la destitución de los firmantes paraguayos y de que quedara sin efecto el documento bilateral firmado por Paraguay y Brasil, cuando escribo estas líneas, el primer sábado de agosto, pesa en el aire una tremenda sensación de impunidad.
El presidente Mario Abdo Benítez todavía puede remontar el desprestigio y enderezar el timón de su gobierno, en sensata demostración de que, tal como lo prometió, es el presidente de la gente y no el triste rehén de alguna gente.