La puntuación en América Latina en este tema es inferior tanto a la de las economías que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que alcanzan un promedio de 78,4 puntos, como al promedio mundial (63 puntos).
En la clasificación internacional del Doing Business, que agrupa a 190 países, Chile es el país latinoamericano que se destaca con buenas calificaciones en los principales indicadores, ocupando el puesto 59 con una puntuación de 72,6 al sobresalir por su propicio entorno empresarial. A Chile le siguen otros países tales como México (60) y Colombia (67).
En América del Sur, la puntuación de Paraguay es igual a la de Brasil, 59,1 puntos. Lo que ubica a estos países por encima de Argentina, que obtuvo 59,0 puntos. En la clasificación del BM, Brasil ocupa el puesto 124, Paraguay se ubica en el 125, seguido de Argentina con el 126. En el caso paraguayo, la puntuación se dio como resultado de una reforma que facilitó la ejecución de los contratos de forma electrónica, bajo el sistema de gestión para jueces y abogados.
De acuerdo al Banco Mundial, la región se destaca en áreas vinculadas a la obtención de electricidad y crédito. El primer indicador contempla procedimientos, tiempo y costo para conectarse a la red eléctrica, la fiabilidad del suministro de electricidad y la transparencia de las tarifas.
Cabe señalar que una empresa que desea instalarse en determinados países de América Latina, necesita 67 días para obtener una conexión eléctrica nueva. Esta cantidad de días es inferior a lo que se precisa en el promedio mundial de 83 días. La mejora en el indicador provino de las importantes reformas realizadas en Costa Rica. En este país se optimizó la confiabilidad del suministro de electricidad al reparar una importante subestación, instalando nuevos postes e implementando un programa de mapeo para transformadores y medidores. Además, simplificó la obtención de electricidad, al reducir el tiempo para aprobar el diseño eléctrico. Similarmente, El Salvador facilitó la obtención de electricidad al aceptar planes eléctricos al mismo tiempo que las solicitudes de conexión.
Sin embargo, estas buenas prácticas no se replican en otros países de América Latina, como en Paraguay, donde la matriz energética sigue siendo un gran problema, no solo para las industrias que desean instalarse en el país, sino para la población en general.
Por lo anterior, las reformas impulsadas en Costa Rica o El Salvador, son casos que necesariamente deben imitarse, dado que suman a un entorno propicio para la radicación de empresas, principalmente, las intensivas en energía.
Otro ítem donde algunos países de América Latina se destacan, es el referente a la obtención del crédito. Este indicador considera los avances introducidos en los sistemas de información crediticia. Países como Colombia, México, Costa Rica, y Guatemala se ubican en los primeros 20 lugares en el mencionado indicador.
Costos, sobrecostos y corrupción
Las economías de América Latina enfrentan otros desafíos, principalmente, en materia de gestión e institucionalidad. De acuerdo a las conclusiones del informe Doing Business 2020, el registro de propiedades y la apertura de una empresa son áreas en las que es necesario seguir trabajando.
En la región, la transferencia de propiedades demora en promedio 64 días, representando un sobrecosto en promedio de 5,9 % del valor de la propiedad.
La cantidad de días en economías de ingreso alto de la OCDE, se reduce considerablemente a 24 días, lo que implica un adicional de 4,2% sobre el valor de la propiedad. En cuanto al costo promedio de instalar una empresa en países latinoamericanos, se ubica en alrededor de 31,4 % del ingreso per cápita, cuando el promedio mundial es de solo 19,9 %. En Chile puede llegar al 10%, aproximadamente 60% en Paraguay e incluso 100% en Bolivia.
A la burocracia se suma el bajo desempeño en el indicador referente al pago de impuestos. En América Latina, en promedio, se precisan 317 horas al año para cumplir con las obligaciones tributarias. Mientras que el promedio mundial es de 234 horas al año.
En sentido más general, Paraguay solo se encuentra por detrás de Venezuela y Bolivia, entre los países donde los trámites son más largos. Si el promedio en América Latina es de 6 a 8 horas, en Paraguay los procesos tardan entre 8 a 10 horas, según la Corporación Latinobarómetro- 2018.
La lentitud de estos procesos, la ineficiencia de los sistemas en general y la falta de transparencia, producto de una débil inversión en tecnología, restan a los indicadores del entorno empresarial y suman a las prácticas de corrupción mediante prácticas desleales como sobornos o coimas.
En tal sentido, los indicadores elaborados por Transparencia Internacional revelan que la percepción de la incidencia de corrupción en América Latina y el Caribe es ligeramente mayor que en el resto del mundo, y mucho mayor que en regiones más desarrolladas. Solo Chile, Costa Rica y Uruguay se presentan con valores cercanos a los países desarrollados, es decir, donde la institucionalidad funciona relativamente mejor que en el resto de los países latinoamericanos.
Cabe destacar que la Encuesta del Banco de Desarrollo (ECAF- 2018) reveló que el 23% de la población en las ciudades encuestadas reconocieron que en el último año algún funcionario público solicitó una coima o pago informal para que una persona obtuviera un servicio o agilizara un trámite.
El número de afectados por esta mala práctica, que termina enturbiando el desarrollo económico del país, es más llamativo en la percepción del sector empresarial. Alrededor del 13% de los ejecutivos y propietarios de firmas de América Latina encuestados en la Enterprise Surveys del Banco Mundial consideraron que empresas similares a las suyas pagan para asegurar contratos con el Gobierno.
La percepción de empresarios sobre la incidencia del pago de sobornos la hacen desde sus experiencias en países como Venezuela, República Dominicana, México, Perú, Paraguay, Trinidad y Tobago, Bolivia, Argentina y Ecuador.
Si bien resulta difícil estimar el costo que representa para la sociedad las prácticas de corrupción, el Fondo Monetario Internacional (FMI) valora en aproximadamente US$ 2.000 millones (alrededor del 2% del producto interno bruto mundial) la pérdida anual en sobornos. En el caso de las grandes obras de construcción, a nivel mundial, el organismo internacional estima pérdidas entre el 10% y 30% del valor de las inversiones. La proyección para el año 2030, ronda los US$ 6.000 millones por año, producto de la corrupción y las ineficiencias en la gestión de proyectos (Matthews, 2016).
En Paraguay, los proyectos de infraestructura empujados desde el sector público en alianza con el privado, puede llevar como mínimo un año desde el inicio del proyecto hasta la aprobación del mismo. Ello, únicamente en el caso de que los trabajos de prefactibilidad estén en orden y con las documentaciones en regla. En caso contrario, el tiempo de demora en documentaciones puede extender el proceso a varios meses con el riesgo de que finalmente el proyecto no sea aprobado, de acuerdo al flujograma de procedimientos diseñados por la Secretaría Técnica de Planificación (STP).
La corrupción es una práctica que genera daños socio- económicos importantes. Los efectos se evidencian en menores recursos para el Estado, ya que las operaciones se realizan fuera de los esquemas legales. Además, genera un sobrecosto para las finanzas públicas, que impacta en la calidad y disponibilidad de los servicios públicos. Para el sector empresarial, la corrupción se configura en una ruptura al funcionamiento del mercado, debido a que los vínculos de ciertas empresas con el poder, permiten un trato preferencial y la captura de renta por parte de sectores favorecidos por el gobierno de turno. Lo anterior impacta en la imagen país y, por ende, en las inversiones. Esto, al considerar que se estará en presencia de inseguridad jurídica y nulas garantías, lo que genera un entorno poco atractivo para potenciales capitales.
En síntesis, los indicadores sobre la facilidad de hacer negocios en determinados países son el reflejo perfecto de la debilidad institucional que padecen varias economías en desarrollo como la de Paraguay. Si bien el país ha dado importantes avances en políticas de transparencia con la automatización de ciertos servicios, la necesidad de sistematizar el funcionamiento del Estado es aún enorme.
Ello, partiendo de la consigna de que a mayor transparencia, promovida por tecnologías de la información, los niveles de corrupción son menores. Ya que el cruce de datos y el escrutinio de estos permite la rápida identificación de actos delictivos.
Paraguay se encuentra ante la oportunidad de replicar modelos exitosos de países donde el entorno empresarial cuente con el respaldo de todo el sistema público. Uno donde se favorezcan políticas de innovación, seguridad y garantías. La combinación de estos factores, junto a la baja presión tributaria, energía limpia y accesible y un bono demográfico son un gran potencial. La sinergia de estas condiciones se traducirá necesariamente en el fortalecimiento de la economía paraguaya y en el bienestar de los ciudadanos.
En la clasificación internacional del Doing Business, que agrupa a 190 países, Chile es el país latinoamericano que se destaca con buenas calificaciones en los principales indicadores y ocupa el puesto 59 con 72,6 puntos al sobresalir por su propicio entorno empresarial. Le siguen México (60) y Colombia (67).
La región se destaca en áreas vinculadas a la obtención de electricidad y crédito. El primer indicador contempla procedimientos, tiempo y costo para conectarse a la red eléctrica, la fiabilidad del suministro de electricidad y la transparencia de tarifas, según el BM.
Las buenas prácticas no se replican en países como en Paraguay, donde la matriz energética sigue siendo un gran problema, no solo para las industrias que desean instalarse en el país, sino para la población en general. Reformas impulsadas en Costa Rica y El Salvador necesariamente deben imitarse.