El 40% de personas en América Latina y el Caribe que salió de la pobreza forma parte de un grupo que está conformado en su mayoría por trabajadores informales. Esta clase media, que aún no se encuentra consolidada porque enfrenta una gran incertidumbre acerca de su mantenimiento fuera de la pobreza, tiene aspiraciones de consumo asociadas a su condición, aunque sus ingresos no le permiten la cobertura de las mismas. Por tanto, la clase media vulnerable se siente insegura cuando las condiciones económicas son menos favorables. De hecho, la encuesta Latinobarómetro del 2018 mostró una disminución de la clase media en once países de la región entre 2013 y 2018.
Argentina lidera el retroceso al pasar de 50% a 36%. En el resto de América del Sur destacan las disminuciones de Perú, de 48% a 37%; Venezuela de 38% a 30%; Paraguay de 43% a 36%; Bolivia de 53% a 49%; Brasil de 28% a 26% y Ecuador de 51% a 50%. Contrariamente, en Colombia se incrementó de 34% a 35% y en Chile de 30% a 37%.
La incertidumbre se hace evidente cuando se les pregunta a las personas si se sienten preocupadas por quedar desempleadas en los próximos 12 meses. En América del Sur destaca que en Brasil el 60% de los encuestados se siente muy preocupado por perder su trabajo; en Ecuador el 59%; en Bolivia el 56%; en Venezuela el 53%; en Chile el 51%, todos por encima del promedio de América Latina (42%).
En materia de remuneraciones se les preguntó si el ingreso familiar total les permitía cubrir satisfactoriamente sus necesidades. El 47% de los latinoamericanos entrevistados señalaron que no les alcanza y, por tanto, enfrentan dificultades. Si no se considera el caso venezolano, por la crisis humanitaria que atraviesa el país, destacan Colombia; Perú; Chile y Argentina, donde más del 44% de la población encuestada considera que el ingreso no les alcanza. En el caso particular de Colombia, 5 de cada 10 ciudadanos tienen dificultades para cubrir sus necesidades con el ingreso que percibe su grupo familiar. Asimismo, la encuesta Latinobarómetro 2018, en la pregunta relacionada a la distribución del ingreso, muestra que en Latinoamérica sólo el 16% de la población considera que es justa. En Chile, un 8% de los encuestados señala que es justa, en Perú, un 12%, y en Colombia, 14%. El país que muestra un resultado más favorable es Ecuador, con 29%. Así, un entorno donde disminuye la clase media existe incertidumbre acerca de quedar desempleado, se perciben problemas de ingresos y desigualdad en su distribución, afecta la percepción que tienen las personas acerca de sus líderes políticos y, más específicamente, de la gestión del gobierno de turno.
Paraguay, por debajo del promedio
En ese sentido, el porcentaje de aprobación de los gobiernos en Latinoamérica pasó de un máximo de 60% en 2009 a 32%, en 2018. Cuando se observan los resultados por países se destacan los casos de Argentina y Paraguay, con 23%; Venezuela (24%); Perú (28%), todos por debajo del promedio latinoamericano. Pero el cambio más grave que ocurrió en la región es que el apoyo a la democracia alcanzó un punto mínimo durante 2018 (48%), de acuerdo a Latinobarómetro, luego de 7 años consecutivos disminuyendo. Además, los ciudadanos que retiraron su apoyo a la democracia se declaran indiferentes al tipo de régimen (28%) e incluso hay un 15% que prefiere un régimen autoritario. Lo que está ocurriendo es lo que el Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Corporación Andina de Fomento (CAF) llaman debilitamiento del contrato social, el cual se refiere al pacto implícito entre el Estado y los ciudadanos. Esto ha ocurrido, entre otros factores, por la insatisfacción acerca de la provisión de servicios públicos por parte del Estado; la percepción de deterioro en el bienestar de las personas y escándalos de corrupción.
Por su parte, Mónica de Bolle, miembro del Instituto Peterson de Economía Internacional, con sede en Washington D.C., señaló en entrevista otorgada al diario Financial Times, que la crisis actual en América Latina obedece a la teoría del túnel, que describe a unos conductores atrapados en el tráfico dentro de un túnel, donde de repente el carril contiguo comienza a moverse, pero el carril por donde circula usted no lo hace. En otras palabras, no hay ganancias directas para usted. Más aún, comenta, que en la medida en que las expectativas de movilidad disminuyen o se frustran, se genera una sensación de ira y revuelta en las personas.
Disminución de oportunidades
Para Marta Lagos, directora de Latinobarómetro, las causas de lo que ocurre en la región se encuentran en el estancamiento o la desaceleración económica; la disminución de oportunidades y el miedo a volver a caer en la pobreza en medio de una desigualdad persistente. Lo anterior lo señaló a la revista The Economist, a finales de noviembre. Lagos también resaltó que, si bien la brecha entre ricos y pobres no se ha ampliado en América Latina, se ha vuelto más visible. Además, la OCDE; CEPAL y CAF señalan que la trampa del ingreso medio (TIM) está afectando a la mayoría de las economías de la región. Este término se refiere a que a medida que países de América Latina y el Caribe alcanzan niveles de ingreso medio, el crecimiento puede experimentar una desaceleración duradera, ya que se necesitan nuevos motores para el crecimiento económico, que le permitan avanzar hacia niveles más altos de ingreso. Apuntan a que, de acuerdo a la evidencia empírica, la superación de la TIM se logra en economías más abiertas y que pueden exportar bienes con alto valor agregado; que tienen educación de mejor calidad, con oferta de competencias adecuadas; mayor inversión y mercados de capitales desarrollados; estado de derecho; democracia fuerte y recaudación tributaria sólida. Para moderar el actual descontento social, The Economist comenta que se requieren políticas de largo plazo. Entre ellas, mayor crecimiento; impuestos más progresivos; salarios mínimos más altos y una mejor provisión social. No obstante, el tema del crecimiento requiere de incrementos en la productividad, lo que hace necesario, en muchos casos, reformas impopulares.
En síntesis, el superciclo de las materias primas que motorizó la expansión económica a mediados del 2000, generó movilidad social y creó una nueva clase media, aunque la misma resultó más vulnerable a los choques externos, si se compara con la clase media consolidada, ya que en su mayoría está conformada por personas que se desempeñan en mercado informal. Por tanto, en la medida en que la región se ralentice se generará ambiente propicio para tensiones sociales. De hecho, para 2019, la estimación del Fondo Monetario Internacional (FMI) es que la región crecerá sólo 0,2%. Mientras que la expansión de la población se espera que sea de 1,0%, según cifras del Banco Mundial para los años recientes, lo que llevaría a que el PIB por habitante disminuya este año.
Este panorama aunado a la incertidumbre externa, genera un estancamiento en planes sociales y deficiente suministro de servicios públicos. Más aún, la diáspora generada por la implosión económica de Venezuela acrecentó las dificultades en la región, ya que se ha concentrado, principalmente, en países como Perú y Colombia, donde los sectores menos favorecidos de la población señalan que los migrantes les roban los puestos de trabajo, ocasionando graves problemas de xenofobia, que se manifestaron a través de expulsiones de grupos de personas de ciertas localidades; violencia física; quema de viviendas y de mercancías, entre otros. En este contexto, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) respalda la necesidad de que las economías de ALC aceleren la implementación de reformas estructurales, que les permita estimular el crecimiento y mejorar los resultados sociales. Entre las principales prioridades señalan apertura adicional al comercio internacional y a la inversión extranjera directa; racionalización de las regulaciones en mercados de bienes y trabajo; promoción de competencia; inversión en infraestructura y educación, y preservación o expansión de programas sociales bien focalizados.
Finalmente, la OCDE; CEPAL y CAF comentan que las instituciones deben repensarse con la idea de reforzar el nexo entre Estado, ciudadanos y mercado. Para ello, se debe situar en el centro las demandas y el bienestar de los ciudadanos. De hecho, preocupaciones de los ciudadanos de ALC se centran, fundamentalmente, en asuntos económicos (empleos e ingreso); calidad de bienes y servicios (criminalidad y violencia; servicios de salud y educación de calidad) y asuntos políticos (corrupción). Por ello, las reformas institucionales planteadas por estos organismos van dirigidas a responder a esas fuentes principales de descontento de ciudadanos. En efecto, las personas esperan que la economía (mercado) les brinde cada vez más oportunidades de prosperar, así como de tener certidumbre acerca del ingreso y empleo. Además, esperan de las instituciones públicas (Estado) les preste buenos servicios y cumpla sus funciones de manera eficiente. Así, las recomendaciones de política para repensar las instituciones las centran en tres ámbitos: i) Las instituciones deben impulsar un crecimiento incluyente. Se debe apoyar el comercio; el crecimiento de la productividad y la superación de la trampa del ingreso medio. ii) Las instituciones deben construir Estados que cumplan con sus funciones y respondan a las exigencias de los ciudadanos. Para ello, se debe fortalecer el estado de derecho; transparencia y capacidades fiscales, administrativas y organizativas. Además, se hace necesaria mayor apertura e innovación para entender y responder mejor a exigencias cambiantes de los ciudadanos. iii) Las instituciones deben ser visionarias, flexibles y con capacidad de adaptación, para afrontar la complejidad creciente.
La región está cambiando y la clase política debe estar a la altura del reto que tiene por delante, para evitar que la violencia y los regímenes autoritarios se apoderen de la región, y como tituló Financial Times se geste la segunda década perdida.
América Latina no debe continuar dependiendo de los vaivenes en el precio de las materias primas, debe avanzar hacia la construcción de una economía con una base diversificada, que le permita exportar una canasta de bienes que contengan mayor valor añadido.
Debe fortalecer el ahorro de ganancias inesperadas para aislar la economía de la volatilidad externa. Fortalecer las políticas fiscales y macroprudenciales contracíclicas. Mantener una inflación baja y, en general, los equilibrios macroeconómicos. De forma que, se puedan atender las demandas sociales de la población y se garantice la gobernabilidad del país.
América Latina no debe continuar dependiendo de los vaivenes en el precio de las materias primas, ya que tiene que avanzar hacia la construcción de una economía con una base diversificada, que le permita exportar una canasta de bienes que contengan mayor valor añadido.
Es clave el fortalecimiento del ahorro de ganancias inesperadas para aislar la economía de la volatilidad externa. Fortalecer las políticas fiscales y macroprudenciales contracíclicas y mantener una inflación baja y, en general, los equilibrios macroeconómicos.
La región está cambiando y la clase política debe estar a la altura del reto que tiene por delante para evitar que la violencia y regímenes autoritarios se apoderen de la región. La gente espera que la economía le brinde oportunidades así como de tener certidumbre en empleo y buen servicio ofrecido por el Estado.
Ciclo
Durante el superciclo de materias primas, ciertos países aplicaron políticas sociales, que apuntalaban un mayor ingreso para sectores de menores recursos.
Cambios
Un documento reciente de OCDE, CEPAL y CAF dice que la expansión de la clase media fue en la región uno de los mayores cambios socioeconómicos.
Clase
El superciclo de las materias primas, que motorizó la expansión económica a mediados de 2000, generó movilidad social y creó una nueva clase media.
Equilibrio
Demandas sociales de la gente se pueden atender fortaleciendo las políticas fiscales, con mantener inflación baja y con el equilibrio macroeconómico.