Beneficios especiales en el sector público: ¿cuánto cuesta mantenerlos?

El gasto público en Paraguay adolece de ineficiencia y falta de calidad, como en varios países de América Latina y el Caribe. Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la “calidad del gasto público” abarca aquellos elementos que garantizan un uso eficaz y eficiente de recursos públicos, con el objetivo de elevar el potencial de crecimiento de la economía y, en el caso particular de América Latina, asegurar grados crecientes de equidad distributiva. En el mismo sentido, el BID reveló que Paraguay desperdicia alrededor del 3,9% del PIB, unos US$ 1.600 millones, por su ineficiencia en el gasto público.

BENEFICIOS
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La pérdida de recursos que Paraguay desperdicia, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en un 3,9% de su Producto Interno Bruto (PIB), alrededor de US$ 1.600 millones, está explicada por la deficiencia en el gasto público, principalmente por el pago de salarios a los funcionarios, así como por las ineficiencias potenciales en el rubro de compras y en transferencias de subsidios.

Las remuneraciones al sector público en nuestro país han sido siempre blanco de cuestionamientos. La brecha salarial existente entre un empleado público y un trabajador privado ronda el 30%. Esto, considerando que el salario de un funcionario, en promedio, asciende a G. 4.220.692 frente a los G. 2.417.451 que percibe un empleado del sector privado, según la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC).

El pago de salarios a los funcionarios consume alrededor del 40% del gasto total de la administración central. Este porcentaje es superior al promedio destinado en América Latina y el Caribe, que se ubica en torno al 29%. De hecho, un estudio del Banco Mundial (BM) señaló que en Paraguay la compensación a los empleados absorbe casi la mitad de todos los gastos corrientes, lo que representa entre el 11% y 12% del PIB. Con estos números, nuestro país se ubica entre las naciones con el gasto salarial público más alto de la región. Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) la “calidad del gasto público” abarca aquellos elementos que garantizan un uso eficaz y eficiente de los recursos públicos, con el objetivo de elevar el potencial del crecimiento de la economía.

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Beneficios adicionales y la pesada carga fiscal

En la función pública, aparte de las remuneraciones básicas (sueldos, dietas, gastos de representación y aguinaldo), los empleados públicos cuentan con otros beneficios, que son los que terminan abultando la estructura salarial. Entre estas consideraciones especiales están la remuneración extraordinaria, la adicional, el subsidio familiar. Además de otras asignaciones como las bonificaciones y gratificaciones por ventas y cobranzas, por servicios especiales, subsidio para la salud (ver glosario). Varios de estos componentes del gasto deberían estar sujetos a la disponibilidad de recursos, tal como expresa taxativamente el clasificador presupuestario. Sin embargo, muchos de ellos, como subsidios, bonificaciones, gratificaciones y otros beneficios adicionales, son concedidos de manera permanente.

¿Cuánto le cuesta al contribuyente estos beneficios extraordinarios?

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Como ya se mencionaba anteriormente, las remuneraciones al personal y gastos vinculados a salarios son pagados con fondos provenientes de los impuestos (Fuente 10 o Recursos Tributarios). Desde 2012, las finanzas públicas no han podido revertir el déficit fiscal originado tras el aumento salarial del 38% concedido a funcionarios públicos. Al incremento salarial de ese año y otros aumentos de años siguientes, se sumaron los beneficios especiales que reciben parte de los aproximadamente 300.000 empleados que prestan sus servicios al Estado.

De acuerdo a los datos procesados y analizados por la consultora MF Economía, los beneficios adicionales descriptos más arriba, excluyendo las remuneraciones básicas, se han duplicado en más de una década. Los números muestran que en 2008, el Presupuesto General de la Nación consignaba alrededor de G. 700.000 millones para beneficios extraordinarios, pero diez años después el monto repuntó a más de G. 2 billones. Esto equivale a alrededor de US$ 380 millones al tipo de cambio de 2018, lo cual representa el 1% del PIB. Si se considera el acumulado, es decir los recursos destinados desde 2008 al 2018, la suma asciende a unos US$ 3.314 millones, que representa el 9% del PIB. Gran parte de estos recursos hubieran permitido no solo calzar el Presupuesto General de la Nación, sino financiar proyectos de infraestructura.

Al observar los números por Poderes del Estado, en el Ejecutivo las asignaciones exclusivas aumentaron 247%, pasando de G. 227.500 millones en 2008, a G. 790.000 millones en 2018. En tanto que en el Poder Judicial el crecimiento fue de 226%, es decir, de un presupuesto para beneficios especiales de G. 76.754 millones (2008) pasó a G. 249.974 millones, en poco más de diez años.

El Poder Legislativo es otro estamento que ha sido beneficiado con las asignaciones, experimentando un aumento de 157% entre 2008 y 2018. Esto significó contar con un presupuesto inicial de G. 13.857 millones (2008) hasta obtener G. 35.565 millones en el 2018. El considerable incremento de los beneficios extras, que incluyen la remuneración extraordinaria, adicional, subsidio familiar, bonificaciones y gratificaciones, también se han replicado en las principales empresas públicas.

ANDE elevó considerablemente los beneficios

El procesamiento de los datos realizado por MF Economía revela que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) ha elevado considerablemente los recursos destinados a los mencionados beneficios adicionales. En 2008 se distribuyeron alrededor de G. 88.000 millones frente a los G. 325.558 millones que se pagaron en 2018. Esto significó un aumento de 270%, donde las remuneraciones adicionales y el subsidio familiar tuvieron el mayor crecimiento de aproximadamente G. 170.000 millones, entre 2008 y 2018.

Petróleos Paraguayos (Petropar) fue otra entidad beneficiada con el incremento del 18%, en el periodo de 2008 a 2018. Aunque el aumento en el total es mínimo, las asignaciones por rubros como el subsidio familiar y las gratificaciones por servicios especiales, se llevaron los mayores aumentos, en torno a G. 2.300 millones, en poco más de diez años.

También la Industria Nacional del Cemento (INC) obtuvo importantes incrementos en los beneficios extras. Del 2008 al 2018, las asignaciones subieron 80%, siendo la remuneración adicional y el subsidio familiar los de mayor crecimiento. Estos dos componentes aumentaron alrededor de G. 6.000 millones. Los datos presentados, procesados y analizados en esta edición solo muestran una mínima parte de la problemática de la calidad del gasto público en Paraguay.

El exponencial crecimiento de los beneficios adicionales en el periodo analizado de 2008 a 2018, sin contar 2019 y 2020, por la falta de disponibilidad de datos públicos, han restado significativamente a otros componentes del gasto como la inversión y la asistencia social en salud, educación, vivienda y otros.

Definitivamente el pago de los beneficios como el subsidio familiar, seguro médico, bonificaciones y gratificaciones, entre otros, han ido en detrimento de la calidad de vida de la población. Por mencionar, se ha privado a la sociedad de una mejor infraestructura, acceso a servicios públicos de calidad como la educación para elevar el capital humano.

En todo esto, la clave se encuentra en el gasto inteligente. En palabras del Premio Nobel, James J. Heckman, la responsabilidad fiscal se halla en analizar los costos y rendimientos, e invertir donde los rendimientos son mayores con la menor cantidad de riesgo.

Paraguay se encuentra ante el desafío de diseñar herramientas que permitan el reordenamiento de la función pública. Esto es, sobre la base de criterios meramente técnicos, para la incorporación de profesionales con capacidad y aptitud, para las funciones que desempeñarán. Este tipo de profundas reformas podrían redituar en importantes beneficios, tanto para la atracción de inversionistas, así como para el bienestar de toda la población.

Paraguay está ante el desafío de diseñar herramientas que permitan reordenar la función pública sobre la base de criterios meramente técnicos para incorporación de profesionales con capacidad y aptitud para las funciones que desempeñará. Falta una profunda reforma que redituará en beneficio de la gente.

Definitivamente, el pago de beneficios como subsidio familiar, seguro médico, bonificaciones y gratificaciones ha ido en detrimento de la calidad de vida de la población. Se privó a la sociedad de mejor infraestructura, servicios públicos de calidad, entre otros.

El pago de salarios a funcionarios consume alrededor del 40% del gasto total de la administración central. Este porcentaje es superior al promedio destinado en América Latina, que se ubica en torno al 29%. El BM dice que Paraguay está entre los países con el gasto salarial público más alto de la región.

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