PGN 2021: entre la incertidumbre y el innegociable sentido de responsabilidad

Las finanzas públicas están presionadas actualmente de forma importante por los gastos demandados por la pandemia del covid-19. El año próximo seguirá sintiendo el impacto de esta crisis sanitaria y sus consecuentes efectos en la cadena social y económica del país. La disposición para el 2021 es categórica y se resume en la racionalidad del gasto, la protección social, la reactivación económica y la responsabilidad fiscal.

PGN 2021
PGN 2021

El Presupuesto General de la Nación (PGN) del Paraguay está compuesto de ingresos y gastos. Los ingresos se clasifican en dos: corrientes y capital. Los primeros contemplan los impuestos, contribuciones, regalías, venta de bienes y servicios. Además de las rentas de la propiedad, transferencias, donaciones corrientes y otros. Los ingresos de capital a su vez se componen de la venta de bienes de las entidades públicas, transferencias y donaciones de dinero. En lo que respecta a los gastos, también se clasifican en corrientes y capital. Los primeros agrupan a los servicios personales, servicios no personales, transferencias corrientes, así como los bienes de consumo e insumo y los intereses de la deuda pública interna y externa. Y los gastos de capital contemplan la inversión física, transferencias de capital e inversión financiera.

La diferencia resultante entre gastos e ingresos arroja como resultado el balance presupuestario. Este puede ser superavitario, siempre que los ingresos sean mayores a los gastos, generando un ahorro fiscal y/o deficitario, si los gastos superan los ingresos del Estado. En este último escenario, que es el actual de las finanzas públicas, Paraguay ha recurrido al endeudamiento, a través de la emisión de bonos en el mercado doméstico y/o internacional, así como a préstamos provenientes de organismos internacionales. Los recursos obtenidos han permitido calzar el presupuesto, aunque solo pueden ser destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura y al repago de la deuda. Es decir, no pueden ser utilizados para gastos corrientes.

Ejes para el diseño del proyecto PGN 2021

Actualmente las finanzas públicas se encuentran muy presionadas por gastos demandados por la pandemia. En el 2021 se seguirá sintiendo el impacto de la crisis sanitaria y sus consecuentes efectos en la cadena social y económica del país. Y sobre los mencionados aspectos, el Poder Ejecutivo dio a conocer en la semana el Decreto N° 3575/2020, que contempla lineamientos generales para la programación, formulación y presentación de los anteproyectos de presupuestos institucionales, que constituirán la base para la elaboración del Proyecto de Presupuesto General de la Nación para el próximo ejercicio fiscal. La disposición para el próximo año es categórica y se resume en la racionalidad del gasto, la protección social, la reactivación económica y la responsabilidad fiscal. En esa línea se estipuló que toda la administración pública deberá extremar esfuerzos a fin de utilizar de manera correcta y adecuada los limitados recursos con los que se espera disponer en el 2021. De hecho, se exhorta a las instituciones a realizar un profundo proceso de racionalización del gasto público, que permita atender las prioridades del gobierno y los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) Paraguay 2030. Siempre priorizando las áreas vinculadas a la salud, educación, seguridad, protección social, conectividad e inversión pública. Otro lineamiento de trascendencia es la continuidad de medidas de austeridad en diversos rubros presupuestarios. Entre estos gastos figuran servicios personales, pasajes y viáticos, protocolo y ceremonial. Los servicios de catering, combustibles, adquisiciones de maquinarias, equipos y herramientas en general, transferencias a ONG, entre otros sufrirán el rigor de la disposición.

PUBLICIDAD

Esta política de austeridad se prevé también afecte al anexo del personal. En ese sentido se planteará una reagrupación de cargos, vinculados a grados determinados que tendrán pisos y techos salariales, a fin de ajustar las categorías de dicho anexo del personal, sin variar el monto de la asignación de cada cargo. De acuerdo al decreto de lineamiento, esto permitirá regular el crecimiento de los cargos que están por encima o por debajo de los parámetros definidos en relación a la remuneración y en atención al nivel del cargo. La medida se alinea a la propuesta de reforma del servicio civil a ser presentada por el Ejecutivo.

Ley de emergencia económica: aumento de la deuda pública y el déficit fiscal

Este año se había iniciado con una alta dosis de optimismo de recuperación económica. Esto considerando que el 2019 fue recesivo, producto de los choques, tanto externos como internos. El sector agropecuario había sido primeramente afectado por una sequía y luego por una ola de inundaciones. La producción hidroeléctrica tuvo un desempeño similar, mermada por los bajos niveles de agua. Las exportaciones sufrieron como consecuencia de la debilidad económica de Argentina y Brasil, así como de la aguda depreciación del peso. Todos estos choques se extendieron al resto de la economía. Como resultado de esto, la proyección de crecimiento en 2019 realizado por la consultora MF Economía se había ubicado en 0,2% en el escenario positivo, en 0% en el medio y -0,4% en el escenario negativo. El crecimiento para 2019 dado a conocer por el Banco Central del Paraguay (BCP) terminó coincidiendo con el 0% del escenario medio proyectado por la consultora. Con la economía debilitada durante el año pasado, los ingresos del Estado se vieron fuertemente impactados en alrededor de US$ 300 millones menos de recaudación tributaria. Y con el objetivo de que tampoco el Estado deje de gastar en un momento de ralentización económica, el Ministerio de Hacienda solicitó al Congreso Nacional la utilización de la cláusula de flexibilización de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF). A decir, la ampliación del Art. 11 de la Ley N° 5098/2013 “De Responsabilidad Fiscal”, con lo cual el déficit podría llegar al 3% del Producto Interno Bruto (PIB) para 2019, superior al 1,5% de la Ley. Esto se tradujo en un incremento de US$ 600 millones, elevando el déficit a aproximadamente US$ 1.200 millones en el 2019. Por todo eso, el gran desafío este año era reencauzar las finanzas públicas al límite del déficit establecido en la LRF. De hecho, el escenario se presentaba para lograrlo con una reactivación importante de la economía.

Las proyecciones para 2020 daban cuenta de un crecimiento en torno al 4% del PIB. Sin embargo, las estimaciones dieron un giro tras la llegada de la pandemia en el país. La situación obligó al gobierno -en las primeras semanas de marzo- a tomar drásticas medidas sanitarias con un plan de contención social y económica. Evidentemente, no fueron suficientes para compensar el impacto que genera el aislamiento social y la consecuente inactividad económica. En tal sentido, las últimas proyecciones para 2020 de la consultora MF Economía se ubican en una retracción de 0,6%, en la que la caída está contenida por la excelente performance del sector agrícola. No obstante, el escenario se vería profundizado a la baja, en caso de darse un menor gasto público y contracciones más fuertes en el comercio y el sistema financiero.

PUBLICIDAD

Aunado a todo el escenario adverso descripto y que tendrá inevitablemente sus efectos en el 2021, el gobierno también deberá hacer frente a la carga que dejará la ley de emergencia económica. La normativa forma parte del plan de contingencia para mitigar los impactos de la pandemia del covid-19 y contempla importantes reformas de carácter presupuestario, fiscal y administrativo, de protección del empleo y de política económica y financiera. Las acciones contenidas en el plan tienen su contrapartida en los US$ 1.600 millones de autorización solicitada para emisión de bonos, empréstitos y otros instrumentos financieros. Esto considerando, que no existe ahorro fiscal alguno debido a que el componente salarial se lleva más del 70% de los ingresos tributarios, lo cual deja escaso o nulo margen para construir un fondo de contingencia.

De acuerdo a Hacienda, los US$ 1.600 millones fueron estimados para un escenario extremo. El monto presionará de forma importante al déficit fiscal en aproximadamente 5% del PIB, muy por encima del techo fijado en la LRF del 1,5% del PIB. A modo de salvaguardar lo dispuesto en esta normativa, quedó contemplado suspender por el presente ejercicio fiscal la aplicación de varios artículos de la LRF, el cual deberá estar explicado por las medidas de ingresos y gastos implementadas por la Ley de emergencia. Sin embargo, este apartado de la normativa se presenta aún flexible si se considera lo que originalmente estaba escrito en el proyecto de Ley enviado por el Ejecutivo. En principio se disponía la convergencia al límite del déficit fiscal del 1,5% en plazo máximo de 4 años. Y lo más relevante es que prohibía cualquier suba salarial durante el periodo de reacomodamiento de las finanzas públicas. Empero, este apartado fue eliminado por el Senado.

Al gran desafío de reacomodar los componentes del gasto público, la cartera de Hacienda en 2021 se enfrentará a otro desafío: el aumento de la deuda pública. Con los US$ 1.600 millones habilitados por la ley de emergencia, el nivel de endeudamiento rondaría el 28% del PIB. Este porcentaje se acerca al umbral del 30% del PIB sugerido por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que aún es considerado sostenible.

El desafío de la pospandemia

La situación por la que atraviesa Paraguay y el escenario venidero son similares en casi todos los países de América Latina y el Caribe. En ese sentido, el Banco Mundial habla de la necesidad de que los países latinoamericanos vayan planificando sus políticas para la pospandemia. Pasado el periodo de la crisis por el covid-19 y sus efectos sobre la actividad económica, los países requerirán de grandes esfuerzos para subsanar los impactos en las finanzas públicas, así como los niveles de pobreza y la desigualdad. Los líderes deberán reflexionar sobre cuáles serán las lecciones aprendidas de esta crisis, esforzarse en fortalecer los sistemas de gestión financiera y salud pública, generando resiliencia para crisis venideras. Además, los gobiernos necesitarán avanzar hacia el diseño de planes de contingencia que permitan minimizar el costo humano del proceso de reajuste.

La incertidumbre actual sobre la efectividad del funcionamiento del Estado, de la sociedad y la economía en general exige prudencia, responsabilidad y el compromiso por parte de las autoridades. Estas premisas deben ser la insignia en el proceso de elaboración, estudio y posterior aprobación del proyecto de PGN para el próximo ejercicio fiscal. Hoy como nunca deben primar la cordura y prudencia.

* Al gran desafío de reacomodar componentes del gasto público para el 2021, Hacienda se enfrentará a otro desafío: el repunte de la deuda pública. Con los US$ 1.600 millones habilitados por ley de emergencia, el nivel de endeudamiento rondaría 28% del PIB, que se acerca al 30% del PIB sugerido por el FMI.

*Pasado el periodo de la crisis sanitaria del covid-19 y sus efectos sobre la actividad económica, los países requerirán de grandes esfuerzos para subsanar los impactos en las finanzas públicas, así como los niveles de pobreza y la desigualdad.

*Se deberá reflexionar sobre las lecciones aprendidas de la crisis, esforzarse en fortalecer sistemas de gestión financiera y salud pública, generando resiliencia para el futuro. Además, los gobiernos necesitarán avanzar hacia el diseño de planes de contingencia para minimizar el costo humano del proceso de reajuste.

PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD