Razones constitucionales y del propio Tratado (VI)

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Para enfrentar esta dura batalla contra la “binacionalidad”, que todo lo permite menos nuestra soberanía energética, se deben desnudar las falacias a las que nos han acostumbrado las mafias internas de Itaipú y Yacyretá.

Una de ellas, y tal vez la más dura, es el concepto de que no se puede entrar a la Itaipú y Yacyretá porque son entidades binacionales, amparado por un Tratado que, según los “barones” y sus herederos, está por encima hasta de la misma Biblia. Sin embargo, ante esta osadía se interpone como un gran murallón el Art. 137 CN, que trata sobre la supremacía de la Constitución sobre cualquier otra ley de la Nación, incluyendo los tratados; con una severa advertencia: “Quienquiera que intente cambiar dicho orden ...”

En el siguiente, en el Art. 141 CN, de los Tratados, se esclarece completamente todo lo que pudiera traer dudas. Luego en el Art. 143 CN, que trata sobre las relaciones internacionales, se habla sobre la independencia nacional, la autodeterminación de los pueblos, sobre la igualdad jurídica de los Estados, etc.

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Por si aún permanezca la flojedad interesada, reforzamos los argumentos con el propio Tratado de Itaipú, cuya copia fiel es el de Yacyretá, que en su Art. III dice: “Las Altas Partes Contratantes crean, en igualdad de derechos y obligaciones, una entidad binacional denominada Itaipú, con la finalidad de realizar el aprovechamiento hidroeléctrico a que se refiere el Artículo I”. ¿Quiénes son “las altas partes contratantes? Exactamente, los Estados, representados en este acto por los gobiernos, quienes delegan a los ministros de relaciones exteriores, o sea sus cancilleres, la gestión más elevada.

Mencionamos también el Art. IV, La Itaipú tendrá sedes en Brasilia, capital de la República Federativa de Brasil, y en Asunción, capital de la República de Paraguay. El Parágrafo 1º del mismo Art. dice: La Itaipú “será administrada por un Consejo de Administración y un Directorio Ejecutivo integrado por igual número de nacionales de ambos países”. Recordamos que ambos colegiados son nombrados por los presidentes respectivos; es por ello que tienen la potestad sobre cuestiones administrativas cotidianas como un contrato colectivo de trabajo, contratos de provisión de servicios e insumos, adjudicaciones de obras, maniobras del embalse, de las máquinas, etc.

El Art. XVIII “Las Altas Partes Contratantes, a través de protocolos adicionales o de actos unilaterales, adoptarán todas las medidas necesarias al cumplimiento del presente Tratado, especialmente las que digan respecto a aspectos: a) diplomáticos y consulares; b) administrativos y financieros; c) de trabajo y seguridad social ...” Entonces, ¿dónde se dirimen los litigios laborales, civiles y penales de la binacionales? Es por ello que se usa el doble discurso de que somos binacionales cuando nos conviene resguardar los intereses personales, y muy nacionales cuando claudicamos nuestra soberanía.

El Art. XIX: “El foro de Itaipú, con relación a las personas físicas o jurídicas domiciliadas o con sede en Brasil o en Paraguay, será, respectivamente, el de Brasilia y el de Asunción. Por tanto, cada Alta Parte Contratante aplicará su propia legislación, tomando en cuenta las disposiciones del presente Tratado y de sus Anexos”. ¿Todavía les quedan dudas a los lectores o los sindicatos de las binacionales ? Pues entonces sigamos.

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La segunda gran falacia es que los tratados binacionales son vitalicios. Ante este adefesio anteponemos otro argumento del propio Tratado, el Art III, Parágrafo 2º: “El Estatuto y los demás Anexos se podrán modificar de común acuerdo por los dos Gobiernos”.

La tercera falacia, la que más claudicación acumuló, es el famoso “solo pusimos el agua”. Nos remitimos en consecuencia al Art. III del Tratado que dice: “Las Altas Partes Contratantes crean, en igualdad de derechos y obligaciones, una entidad binacional denominada Itaipú, con la finalidad de realizar el aprovechamiento hidroeléctrico a que se refiere el Art. I. ¿Quiénes son “las altas partes contratantes? ¡Exacto!, los Estados, representados en este acto por los gobiernos, quienes delegan su representación a los ministros de relaciones exteriores, o sea, sus cancilleres.

La cuarta falacia, la más ingenua y artera desde mi humilde óptica: “Como la Itaipú no figura en el PGN, no somos empleados públicos”. Entonces, ¿de quiénes son? La respuesta jurídica no se hace esperar. Art. XX, del Tratado. Normas jurídicas aplicables a las relaciones laborales. Y el temible Art. XXI. De la responsabilidad civil y penal de los consejeros, directores y demás empleados ... “serán juzgados por leyes nacionales”; el Art. XXII, “En caso de divergencia en cuanto a la interpretación o la aplicación del presente Tratado y sus Anexos, las Altas Partes Contratantes la resolverán por los medios diplomáticos usuales, lo que no retardará o interrumpirá la construcción y/o la operación del aprovechamiento hidroeléctrico y de sus obras e instalaciones auxiliares”. Se derrumba con esto el miedo crónico y atávico de los ingenieros de 60 Hertz, sobre el “chake” (cuidado con el imperio).

Artículo XXV: “El presente Tratado entrará en vigor en la fecha del cambio de los Instrumentos de Ratificación y tendrá vigencia hasta que las Altas Partes Contratantes, mediante nuevo acuerdo, adopten decisión que estimen conveniente ...”. La guinda de la torta sobre nuestros temerosos “negociadores” de nuevo cuño.

Volviendo a la Constitución; los Art. 46 CN: De la igualdad de las personas; Art. 47 CN: Garantías de Igualdad. Acceso a la justicia, igualdad ante las leyes. Art. 68 CN: Del derecho a la salud. El coronavirus es de interés supremo en este momento. Art. 88 CN: La no discriminación entre los trabajadores; Art. 92 CN: De la retribución del trabajo; Art. 101 CN: De los funcionarios y empleados públicos. Art. 102 CN: De los derechos laborales. Si es empleado de Itaipú, es paraguayo, por tanto está sujeto a nuestra CN. Art. 104 CN: De la declaración obligatoria de bienes y rentas. El empleado de IB está obligado al IRP y a la declaración obligatoria de bienes en la Contraloría. Entonces: ¿Es o no es empleado público? Art. 127 CN: Del cumplimiento de la ley (especialmente para los sindicatos) Art. 128 CN: De la primacía del interés general y del deber de colaborar… Art. 178 CN: De los recursos del Estado. Se habla de impuestos, tasas, contribuciones, pero también de regalías, royalties, compensaciones. O sea ¡forma parte del presupuesto! Art. 238 CN: Deberes y atribuciones del contralor general de la República. a. “Control, vigilancia y fiscalización de los bienes públicos y del patrimonio del estado”. b. “La fiscalización de las cuentas nacionales, empresas o entidades multinacionales …” (Itaipú y Yacyretá).

Finalmente, para derrumbar definitivamente la binacionalidad se debe implementar el Parágrafo 2, del Art III del Tratado, con una simple Nota Reversal, previa aprobación en el Consejo de Administración y determinar que el socio paritario Paraguay hará con los recursos de su parte del presupuesto lo que bien le parezca. Nadie puede ganar más que el presidente de la república o usar los gastos sociales como campaña política de un solo partido. Si todo esto no fuere suficiente para eliminar nuestra odiosa burbuja social, el presidente Marito debe convencerse que está ante un problema serio de pusilanimidad de sus colaboradores, o de una manifiesta discriminación social y política de su partido hacia el resto de los paraguayos.

En cuanto al 2023, le recordamos que tanto el jefe del Estado, así como los negociadores de la nueva “era energética” serán responsables ante Dios y la patria. “La historia no se acuerda de los Cobardes”. Napoleón B.

Ex Asesor del DGP de 2008 al 2012

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