¿Subestimó el Gobierno los efectos de la pandemia?

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La interrogante arriba expresada más bien debe decir: ¿Subestimó el Gobierno la recesión en la que cayó la economía antes de la pandemia? Lo que no se dice o al menos no se toma en cuenta es que en realidad el Gobierno subestimó, sinónimo de desconsiderar en su debida importancia a la recesión en la que ya había caído la economía del país antes de la pandemia. El Gobierno subestimó desde un comienzo la ralentización que se convirtió en recesión y que luego llegó al punto que se profundizó por efectos del encierro de la economía debido al coronavirus. Aquella ralentización no se compara con lo que hoy se tiene; no obstante, la similitud consiste en cómo hacer la recuperación.

La economía ya venía cayendo y mucho antes de la pandemia. Y es partir de aquí que el Gobierno sabiendo de esto no hizo lo que debió hacer en su momento; por el contrario, siguió en su timidez reformista esperando que el famoso efecto “rebote” se diera como por un acto de la física, diferente a lo que la economía requiere. Hasta hoy se considera que para enfrentar la crisis, la recesión antes de la pandemia y la pospandémica, se debe seguir estimulando el consumo mediante políticas fiscales, crediticias y hasta monetarias, dando extrema importancia al gasto público.

La realidad es bien diferente. Ocurre que el consumo es ciertamente importante, pero el mismo no viene solo sino que está relacionada de manera directa con la producción. Es evidente que para consumir un bien o un servicio determinado primeramente debe existir. Esto da lugar a la necesidad de hacer prevaler el consumo antes que a la producción, una errónea línea de pensamiento. El consumo de bienes y servicios no vienen dados por sí mismos o porque la gente tenga más dinero en sus bolsillos; proviene de la producción en la conjunción del capital y el trabajo, tarea que le compete únicamente al sector privado, a los individuos y a las empresas. Y utilizo la palabra únicamente al sector privado no porque sea una imposición sino porque la economía funciona de ese modo, aquí y en cualquier lugar del mundo desde tiempos inmemoriales. Es lo que se llama la estructura de producción, un orden de actividades que provienen del ahorro, inversión, creatividad, innovación permanente de individuos y empresas. Dicho de otro modo, la estructura de producción formada con la oferta y demanda de mano de obra (empleos), tierra y capital determinan cuánto será la ganancia de los productores en general.

La producción de un bien o servicio se valora en los mercados porque se consume y de ese modo se satisfacen los gustos y necesidades de las personas en una sociedad. A esto que le podemos denominar como un proceso es el resultado de una cadena de decisiones que realizan agentes económicos en la sociedad, lo que a más de uno le causaría admiración, si se detuviera en su análisis. Así, por ejemplo, la fabricación de un producto como un sándwich, empanada, torta o tornillo (aparentemente sencillos) necesita de una serie de procesos productivos previos que vienen desde muy atrás y hasta incluso podría traspasar las mismas fronteras del país. El consumo de los citados productos es el objetivo de la actividad económica, pero la producción es clave para su puesta en ejecución. Los consumidores son los que decidirán si un bien o servicio será o no comprado. Al respecto, si hay una expresión que la debemos tomar en cuenta es la de Milton Friedman –Nobel de Economía– quien acuñó con su notable capacidad de comunicador la siguiente frase: “No hay tal cosa como un almuerzo gratis”. La frase desde luego es elemental y hasta de sentido común; pero lamentablemente no es precisamente en la que muchos terminan siguiendo (gobiernos, burócratas y políticos populistas) sobre todo cuando se trata del dinero de otros (contribuyentes) aunque la toman muy en cuenta cuando de reducir sus privilegios y sueldos se trata. Y esta es la conducta que se replica cuando del Gobierno nos referimos.

Detrás de toda esa inmensa cantidad de dinero malgastado y redireccionado a sectores que no contribuyen para la sociedad ni para un Estado eficiente, está el costo que recae sobre los demás que producen aquel dinero. Es la gente, individuos y empresas del sector privado, pequeños, medianos y grandes contribuyentes los que pagan cada guaraní en el Estado. Los que todavía creen en las bondades del Impuesto a la Renta Personal (IRP) no saben (ahora sí, supongo) dónde se destina su dinero o mejor dicho dónde van a parar una buena parte de su esfuerzo en ahorro, trabajo y creatividad personal.

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El gasto público despilfarrador que el Gobierno no se animó a modificar cuando caía la economía en severa ralentización y ahora en la pospandemia es una suma multimillonaria que, con reducir el 25% salarial de todo el sector estatal se tendría una importante suma para llevar a cabo las ayudas a los sectores más golpeados en este tiempo del covid-19. El gasto, tal como se conoce, representa costos para las ganancias de la gente que, por cierto, como se reparte entre muchos entonces se cree que poco les afecta a cada uno. La realidad es que nuevamente muy diferente a lo que se cree, en especial los técnicos y burócratas del Gobierno, a quienes considero están muy preparados pero para fijar su atención en la caja estatal y no en los bolsillos de la gente en el sector privado.

A la fecha y cuando se empieza a notar todavía más la debacle de la economía surgida antes de la pandemia y luego por el encierro equivocado de tres meses de las diferentes actividades del sector privado, creo que ni el más optimista funcionario del Gobierno estaría dispuesto a decir que la recuperación será en V sino en U que deseo no termine en una L. En ningún modo deseo que ocurran los dos últimos escenarios (U y L) pero la recuperación en forma de V se está debilitando y no porque el sector privado no lo pueda hacer, sino porque el Gobierno sigue subestimando la recesión ocurrida ya antes de la pandemia.

La solución y no para dentro de un mes sino ahora de manera inmediata –y como dije en su momento con propuestas desarrolladas en este espacio– está en la economía de libre mercado mediante estímulos de incentivos de terminar con el malgasto estatal, la reducción de impuestos, derogar leyes como la que dispone la tasa máxima por crédito en tarjetas de crédito, la desregulación del mercado laboral, la disminución del 25% de salarios de funcionarios, eliminación de la burocracia en especial en lo referido a los trámites tanto en el Gobierno central como en municipios, un programa ágil de préstamos y la inmediata desmonopolización del sector eléctrico así como una decidida migración a la era digital.

(*) Decano de Curriculum UniNorte. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”: “Cartas sobre el liberalismo”, entre varios otros.